La Fiscalía argumenta que tiene las pruebas para condenar a los implicados en lo que habría sido una conspiración en contra del expresidente Evo Morales en 2019.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
El juicio por el llamado “golpe de Estado I” llegó a la etapa final. Hoy en un tribunal de La Paz comenzará el juicio oral, público y contradictorio en contra de la expresidenta Jeanine Añez, los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari y otros ciudadanos, entre ellos militares, por los acontecimientos registrados antes de la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.
1. ¿Qué es el caso “Golpe de Estado I”?
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El caso llamado “Golpe de Estado I” se refiere a los hechos registrados antes de la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. El entonces Mandatario fue forzado a dejar el cargo en medio de una crisis política que se agravó después de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
En ese proceso electoral se detectaron irregularidades en el cómputo de votos que favorecieron a los resultados del candidato Evo Morales, quien entonces postulaba a una tercera reelección presidencial. Esa manipulación fue denunciada como un “fraude monumental” por el candidato opositor Carlos Mesa, quien según las proyecciones disputaría la presidencia en una segunda vuelta.
Las manifestaciones ciudadanas se intensificaron en todas las ciudades del país, principalmente en Santa Cruz y Potosí se registraron atentados contra los tribunales electorales departamentales como la quema de sus edificios. La violencia escaló a niveles que los movilizados demandaron la renuncia de Evo Morales.
En un intento por frenar el descontento social, el todavía Presidente encargó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría electoral a los resultados preliminares. Días después, la misión de observadores estableció que hubo manipulación dolosa de los resultados.
El informe lapidario precipitó la caída de Evo Morales. Renunció al cargo el 10 de noviembre y se fue a México con asilo político.
2. ¿Quiénes son los acusados?
Los principales acusados son la expresidenta Jeanine Añez, quien entonces era segunda vicepresidenta de la cámara de Senadores; el expresidente cívico de Santa Cruz y ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. En esta lista también se encuentran Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa de Jeanine Añez; Williams Carlos Kalimán Romero, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Evo Morales; Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo. Los últimos cinco están como prófugos de la justicia.
3. ¿Quién es la denunciante principal?
La denunciante particular de la causa es la exdiputada del MAS y ahora diplomática Lidia Patty, quien argumenta que los hechos que derivaron en la renuncia de Morales y la llegada al poder de Añez se constituyen en un “golpe de Estado” que debe ser sancionado con la pena máxima.
4. ¿Qué pruebas existen en contra de los acusados?
La investigación de la Fiscalía señala que mientras se desarrollaban las protestas ciudadanas con bloqueos por parte de las llamadas “pititas” por detrás había otros actores que gestaban un “golpe de Estado”, uno de ellos sería Luis Fernando Camacho. Éste habría pactado acuerdos con militares y policías para que quiten su respaldo a Morales
A la renuncia de Morales se sumaron la del vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado y el presidente de la cámara de Diputados. Ante esta situación, la segunda vicepresidenta de la cámara de Senadores, Jeanine Añez, asumió la presidencia del Senado y luego la de Bolivia.
Los fundamentos del Ministerio Público indican que existen 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales para justificar la acusación formal en contra de ocho personas por los delitos de Terrorismo, Asociación Delictuosa, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, entre otros.
Entre las 131 declaraciones informativas existen testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de declaraciones informativas de los acusados y entre las 133 pruebas documentales se cuenta con informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, entre otras que sustentan la acusación formal y demostrarían la participación individualizada de los sindicados.
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5. ¿Cuál podría ser la sentencia?
Los delitos por los que fueron acusados los implicados en el caso “Golpe de Estado I” son Terrorismo, Asociación Delictuosa, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos. La máxima pena de este concurso de delitos es el de 20 años de cárcel por terrorismo, este sería la pena máxima de la sentencia aunque su análisis dependerá del grado de participación de cada acusado.
El ministro de Justicia, César Siles, consideró que “es una buena señal” que el juicio por el caso “pueda avanzar y terminar con la sentencia condenatoria pronto”.