El expresidente demanda un “debido proceso” e insiste en que es víctima de una persecución judicial por liderar una marcha en contra de Luis Arce.
eju.tv / Video: Radio Kawsachun Coca
Juan Carlos Véliz / La Paz
El expresidente Evo Morales justificó su inasistencia a declarar por la denuncia de trata y tráfico de personas, y estupro agravado que afronta en la Fiscalía de Tarija.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Tanto la fiscal departamental de Tarija como la comisión de fiscales han cometido lleno de irregularidades, no hay debido proceso, en horas sacan orden de aprehensión, querían ejecutarlo y me dicen por qué Evo no ha ido, qué dicen haber esperan 600 policías en Tarija más 200 militares, más de 800, ni que fuera tonto pues para entregarme allá” afirmó esta mañana en su programa radial.
Morales fue convocado a declarar a la Fiscalía de Tarija el 19 de octubre por la denuncia de abuso sexual o estupro en contra de una menor de 15 años, pero no compareció y ahora arriesga una orden de aprehensión como el padre de la víctima, quien está detenido de manera preventiva en la cárcel de Morros Blancos.
Ante una inminente orden de captura, sus seguidores instalaron bloqueos en la carretera principal que une a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hace una semana.
No obstante, estos sectores y el mismo Morales afirman que la medida de presión es para que el Gobierno solucione la crisis económica que golpea al país principalmente con escasez de combustibles y dólares, y una inflación sostenida.
También puede leer: Del Castillo dice que los delincuentes de violación y trata no deben estar por encima del Estado
No obstante, los bloqueos evistas empeoraron la situación económica: Existen largas filas de vehículos en las estaciones de servicio debido a la escasez de carburantes, los precios de los productos de primera necesidad como la carne y el pollo se incrementaron y los chóferes amenazan con subir el costo de los pasajes.
Morales nuevamente alegó que es víctima de una persecución judicial de parte del gobierno de Luis Arce porque dirigió una marcha desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz para exigir su habilitación como candidato para las elecciones generales de 2025.
Según dijo, el caso por el que es investigado ahora ya fue cerrado en 2020 y que ahora se lo pretende juzgar por el mismo delito.