Incontables son las marcas en su pequeño cuerpo y rostro. Esos signos son la evidencia de la tortura y el estado de esclavitud a la que sometieron una niña de tan solo 12 años de edad un militar, su esposa y suegra.

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De condición humilde, los padres de la víctima fueron convencidos por la pareja y la madre de la mujer a llevar a la niña para que realice labores domésticas básicas. Le prometieron a cambio una remuneración de Bs 900 y el compromiso de estudiar, vestirla y alimentarla. Pero nada de eso se cumplió.

Al contrario, apenas llegó al domicilio de los agresores, en marzo de este año, la niña vivió una pesadilla. Pues recibió maltratos físicos y psicológicos que difícilmente podrá olvidar.

“La niña tiene golpes contundentes. La flagelaron con sogas, cables de electricidad. Le propinaban golpizas constantes con las manos, puños, patadas. Tiene arañazos en el torso, en el pecho, en la espalda. Las heridas son de data antigua y nuevas que están en proceso de cicatrización. A esto se llama tortura y esclavitud”, informó en conferencia de prensa el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, coronel Freddy Medinacelli.

La familia agresora incumplió el compromiso de estudios y vestimenta para la niña, menos honraron el pago de un salario de Bs 900. “La víctima fue limitada en su alimentación. No cumplía su horario de descanso bajo amenazas, maltrato físico y psicológico”, acotó el jefe policial.

A través de una amiga, los padres de la víctima se anoticiaron de que su hija era víctima de violencia y no dudaron en trasladarse desde Anzaldo, Cochabamba, hasta la urbe cochabambina para denunciar el hecho.

Así, el personal policial de la Estación Policial Integral (EPI) de la zona Sur realizó la intervención en la casa de los agresores.

APREHENDIDOS

Tras rescatar a la niña, el capitán del Ejército, Ramiro Gutiérrez Choquehuanca; su esposa Rocío Choquehuanca Ayala y la madre de ésta, Alicia Ayala Herbas, quedaron aprehendidos.

La denuncia es por el delito de tráfico de personas. El director de la FELCC afirmó que las tres personas irán a medidas cautelares y un juez definirá su situación.

Recordó que el delito de trata y tráfico de personas está sancionado con la privación de libertad de entre 15 y 20 años. La autoridad lamentó que, a pesar de las lesiones, el médico forense le dio solo nueve días de impedimento.

En tanto, los padres de la menor de edad y la víctima reciben atención integral, alimentación y hospedaje temporal en la casa de acogida Kullakita.