La inmobiliaria Kantutani presentó a las alcaldías de La Paz y Achocalla un plan de contingencia para realizar tareas de mitigación de riesgos en Bajo Llojeta.
Fuente: ABI
El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que hasta este viernes se dará una respuesta a la inmobiliaria Kantutani sobre el plan de contingencia que presentó para realizar tareas de mitigación de riesgos en Bajo Llojeta, donde una mazamorra dejó un muerto y más de 40 viviendas afectadas el fin de semana.
“Vamos a revisar ese plan y haremos las observaciones que sean necesarias en el plazo más urgente posible ¿qué quiere decir eso?, hasta mañana al mediodía”, explicó al final de su declaración de cerca de siete horas en la Fiscalía de La Paz.
La inmobiliaria Kantutani presentó a las alcaldías de La Paz y Achocalla un plan de contingencia para realizar tareas de mitigación de riesgos en Bajo Llojeta, por lo que espera la autorización con el fin de intervenir en las áreas del deslave del fin de semana.
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“Con este propósito, la empresa habilitó un centro de operaciones, con maquinaria y personal especializado. Kantutani manifiesta que la ejecución del plan requiere el acceso inmediato al área afectada y autorizaciones necesarias para proceder con las acciones de manera inmediata”, refiere un comunicado.
Arias aseguró que su administración no dio “permiso de movimiento de tierras” a la inmobiliaria.
La noche del sábado y madrugada del domingo las lluvias provocaron una mazamorra que dejó una niña muerta y más de 40 viviendas afectadas. Desde las alcaldías de La Paz y Achocalla se responsabilizó a la inmobiliaria por haber hecho al movimiento de tierras en la parte alta de la zona.
El dueño de la Inmobiliaria Kantutani, Luis Enrique Gonzalo Iturralde, fue detenido en Chile y devuelto a Perú, de dónde pretendía trasladarse a Santiago de Chile. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el empresario aguarda su extradición a Bolivia.
La empresa solicitó una auditoría técnica independiente que determine las responsabilidades públicas y/o privadas. La firma asegura que el movimiento de tierras fue autorizado por la Alcaldía de Achocalla, gobierno edil que lo negó.