Analista advierte que vocales electorales pueden terminar recluidos si no obedecen sentencia constitucional

Luis Alberto Ruiz afirma que la avocación del TCP decidirá futuro de las elecciones judiciales

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz



El analista político Luis Alberto Ruiz advirtió que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueden terminar recluidos si no acatan la sentencia constitucional 0770/2024-S4, que determinó la anulación de las convocatorias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en dos departamentos y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en otros cinco; sin embargo, aclaró que el pedido de avocación presentado a ese órgano definirá el futuro de los comicios.

La avocación tiene como objeto que la Sala Plena del TCP asuma la competencia de conocer y resolver un asunto en revisión conocido por alguna  de las salas y puede aclarar, reconducir, o generar una nueva interpretación si el caso así lo amerita; en todo caso, la resolución constitucional a emitirse, aparte de resolver ese hecho concreto, producto de la avocación tendrá efectos vinculantes para las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyos entendimientos se constituirán en el precedente jurisprudencial en vigor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El camino correcto es la avocación, que es la instancia constitucional jurídica quien dirá si la sentencia constitucional es correcta o no, la avocación dirá si las elecciones judiciales continúan o no, no así un acuerdo político, no se puede seguir caminando sobre la inconstitucionalidad, sobre la ilegalidad y el TSE tiene que cumplir su rol constitucional; ahora lo que no pueden hacer ni el TCP ni el TSE es cercenar esta elección, no puede ir en partes, porque el mandato también es claro, son únicas y para todos”, apuntó.

Foto: captura pantalla

En ese sentido, señaló que el TCP, si estima que se vulneraron derechos constitucionales, debe paralizar por completo esos comicios; además que la solución al problema de la justicia no pasa por la realización de estos, sino por la asunción de un nuevo gobierno que respete la CPE y que devuelva la institucionalidad a ese Órgano del Estado; por este motivo, exhortó a los vocales del TSE a cumplir con lo dispuesto en la Carta Magna, caso contrario, se arriesgan a una sentencia de dos a seis años de presidio por incumplir un fallo constitucional, tal cual señala el artículo 179 del Código Penal.

El experto aseguró que la reunión institucional convocada por el Tribunal Supremo Electoral fue un encuentro ‘por el desacato’, ya que los representantes de los diferentes órganos del Estado y de las tiendas políticas determinaron vulnerar el artículo 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala taxativamente que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio y vinculantes; además, no se puede interponer ningún recurso ordinario contra ellas.

“Más allá de que nadie esté de acuerdo con los autoprorrogados siguen siendo miembros del Tribunal Constitucional y sus fallos, por supuesto, no son a gusto del cliente, los fallos son de cumplimiento obligatorio y para todos, nos guste o no nos guste, porque si no tendríamos que revisar todos los fallos constitucionales”, remarcó el analista, además de cuestionar la posición del TSE en la reunión del pasado lunes, porque parecía ‘un partido político más’ en lugar de la institución que buscaba hacer respetar el principio de preclusión.

Foto: captura pantalla 2

En ese sentido, señaló que el memorial presentado por el candidato inhabilitado Hugo Vargas Palenque, un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el que solicita sanciones económicas y acciones penales contra los vocales electorales puede definir que el Ejecutivo esté impedido de erogar recursos para las elecciones judiciales del 15 de diciembre; en su argumentación, adjuntó la ‘Segunda Declaración por la Democracia’, que se suscribió el lunes por el pleno del TSE, con la que presuntamente se acredita la ‘desobediencia’ a la resolución de la sala del TCP.

“Hugo Vargas que es el accionante de esta sentencia constitucional (0770/2024-S4) de una manera muy astuta presenta como prueba la misma reunión del pacto por la democracia y pide, por supuesto, medidas cautelares; el TCP lo que va a hacer es valorar, las multas no creo que vayan, pero lo que si va a ir es concederle la tutela, porque ya existe un fallo en favor del accionante y cuando le concedan el Ministerio de Economía ya no va a poder seguir dando dinero al TSE para que no incurra en un daño económico al Estado”, especificó.