Sin embargo, Julio César Choque, que mucho depende de la respuesta que emitan los magistrados del TCP ante la desobediencia a una sentencia constitucional
eju.tv / Video: BTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
El analista político Julio César Choque estima que el próximo paso para realizar los comicios judiciales de forma integral debe ser materializado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque debe tratar y aprobar el proyecto de Ley enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que garantice la elección de nuevos magistrados del Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero que blinde a los vocales electorales ante un posible proceso por desobedecer una sentencia constitucional que es de cumplimiento obligatorio.
Choque aseguró que, de acuerdo con las conclusiones de la cita interinstitucional de la pasada jornada, surgen varios desafíos y el más importante está en manos de la ALP puede poner un límite al TCP; en ese sentido, recordó que las fuerzas políticas con representación parlamentaria, además del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca y las cabezas de las dos cámaras estuvieron presentes en el diálogo y con su firma aprobaron todas las resoluciones tomadas en consenso, por ello, les corresponde allanar la aprobación de la norma reclamada el Órgano Electoral.
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“Esta acta tiene que materializarse en acciones concretas por parte de la Asamblea Legislativa que puedan ponerle límites en este caso al Tribunal Constitucional; asimismo, recordemos que también se trató el tema de la ley de juzgamiento a las altas autoridades, pidiendo que los vocales del TSE también sean alcanzados por el denominado juicio de responsabilidades, caso de corte, para que más adelante, en caso de que sean juzgados por algunas acciones que tomen, sean procesados con algunos privilegios”, enfatizó.
Foto: captura pantalla
El experto advirtió que se puede considerar que la democracia está en riesgo debido a que, si bien las elecciones judiciales no tienen el fin de elegir a autoridades políticas, los magistrados se eligen por el voto popular y al impedir que la población ejerza ese derecho de manera irrestricta, se violentan los principios de la elección libre, aspecto que es interpretados por varios sectores como la judicialización del Estado, debido a que el TCP se convierte en un suprapoder al anteponerse a las prerrogativas de los otros órganos del Estado.
“Se habla mucho de la desinstitucionalización, pero no existe un gobierno de jueces, hay que recordar que es la Asamblea Legislativa la que nos puso en esta situación, porque por las pugnas internas les ha costado muchísimo llegar a consensos que eran necesarios para llevar adelante las elecciones (judiciales), eso ha generado un vacío de poder que ha tenido que ser en alguna manera sopesada por las otras autoridades, en ese sentido, se tomaron las medidas del TCP que todos conocemos, que han sido mal entendidas y mal aplicadas”, refirió.
Sin embargo, advirtió que existe un peligro latente de una colusión entre tres poderes del Estado, porque el TCP puede iniciar un proceso penal contra los vocales electorales por no acatar la sentencia constitucional 0770/2024, así como demandar de inconstitucionalidad las normas que apruebe la ALP para blindar las judiciales; por ello instó a los magistrados del Órgano Electoral observar el principio universal de justicia que debe primar por el bien de la institucionalidad del país.