En la lista de posibles aprehendidos fueron incluidos los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, además de Ponciano Santos y Efraín Suárez.
Andrónico Rodríguez junto a Evo Morales y Ponciano Santos, en la Marcha para Salvar Bolivia.
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“Claramente, el Gobierno ha abandonado el diálogo para optar por el camino de las detenciones políticas a dirigentes como Humberto Claros y otros”, cuestionó el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
El legislador evista se refirió a la detención, el jueves de Claros y Ramiro Cucho, representantes de las organizaciones campesinas e indígenas, respectivamente, que respaldan al expresidente Evo Morales.
Claros fue aprehendido en la plaza Bolívar, en Quillacollo (Cochabamba), según denunciaron sus allegados, por personal de Inteligencia que usaban un vehículo sin placas. En tanto, Cucho fue aprehendido en Potosí.
De acuerdo a requerimiento fiscal, ambos son acusados de delitos de asociación delictuosa e institución pública a delinquir, entre otros.
En la lista de posibles aprehendidos fueron incluidos los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, además de Ponciano Santos y Efraín Suárez.
“Estas acciones autoritarias no resuelven los conflictos internos, políticos y económicos del país”, cuestionó Rodríguez, legislador cercano a Morales.
Al contrario, el senador del MAS reclamó solución a la serie de problemas que sufre el país. “En este momento, debemos enfocarnos en resolver los innumerables conflictos económicos que sufre la población”, dijo.
“Sin embargo, es incomprensible que el Gobierno se concentre en perseguir políticamente a dirigentes”, insistió.
Al terminar el bloqueo de 24 días propiciado por el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el 6 de noviembre, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, intentó un diálogo entre las partes.
Las conversaciones, de las que inicialmente participaron Wilfredo Chávez y Nelson Cox, por el evismo, y el viceministro Álvaro Ruiz, quedaron suspendidas sin fecha. El Gobierno alegó que el bochorno previo al informe del presidente Luis Arce, el 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa, no ofrecía garantías para la prosecución del diálogo.