El diésel y combustible se vende con prioridad en surtidores «estratégicos» definidos por YPFB.
La Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) advirtió este miércoles con acudir a «instancias constitucionales» para que se respeten sus derechos, que consideran vulnerados por las autoridades que decidieron vender diésel en estaciones «estratégicas» y no en todos los surtidores.
«Nuevamente nos encontramos ante una situación de exclusión, restricción y discriminación por las medidas optadas por nuestras autoridades del sector, al ‘seleccionar’ a ciertas estaciones de servicio catalogadas como ‘estratégicas’ para la comercialización de diésel oil durante las 24 horas en el eje troncal; y tratándose del resto de los departamentos a las Estaciones de Servicio de YPFB, a sabiendas de la crisis inminente que estamos atravesando como sector privado, por las disminuciones constantes en las asignaciones de combustibles líquidos que venimos arrastrando hace mucho tiempo», se lee en un comunicado publicado por la institución.
En virtud de lo expuesto, la Asosur exigió la «restitución inmediata» de los volúmenes necesarios para satisfacer la demanda. En caso de no ser atendidos, anunciaron que iniciarán medidas legales para evitar la «discriminación».
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
«Exigimos a nuestras autoridades la restitución inmediata de los volúmenes requeridos para cubrir la demanda actual de la población, y se garantice una distribución justa, donde prime el principio de igualdad, seguridad jurídica que resguarde la inversión privada y actividad formal de nuestro sector, caso contrario nos veremos obligados a acudir a instancias constitucionales a fin de hacer respetar nuestros derechos que tenemos como inversionistas privados», detalla el documento.
El sector criticó la «arbitrariedad» en la distribución de los carburantes para la venta en el mercado, por lo que consideran que están en una situación de desventaja que, en consecuencia, perjudica a los consumidores finales.
«Este trato preferencial que, de forma totalmente arbitraria y desproporcional, anula nuestros derechos y libertades constitucionales, nos coloca en una situación desventajosa y menos favorable y, sobre todo, pone en riesgo la continuidad de nuestros servicios al no considerarse las necesidades de nuestra población, como lo son nuestros clientes del sector transporte, usuarios directos para actividades agrícolas e industriales, etc».
La importación y distribución de combustibles en el país sufre desde hace meses fallos en la logística de internación, que empeoró con el bloqueo evista de los 24 días, por lo que en las estaciones de servicio de todo el país se forman largas filas de vehículos que esperan su turno para recibir diésel y gasolina.