En Bolivia el bloqueo de carreteras es considerado como una forma de protesta social a diferencia de otros países donde está prohibido.
eju.tv / Video: No Mentirás
Juan Carlos Véliz / La Paz
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Oscar Mario Justiniano, planteó la prohibición de los bloqueos como una política de Estado para afrontar la crisis económica que golpea a Bolivia porque no sólo afecta a la actividad económica interna sino desacredita al país como corredor internacional.
“Primero que nada hay que hacer políticas de Estado donde la primera sea que como bolivianos convengamos de que no se deben permitir los bloqueos porque inmediatamente se resuelve un bloqueo al dia siguiente aparece otro (…) Tenemos que convenir algo, si seguimos con esta cultura del bloqueo por lo que sea no solamente nosotros nos hacemos un daño tremendo interno sino lo que ya nos ha pasado, que nuestra seriedad país no es creíble, por eso otros países han encontrado la seriedad respectiva y le han dado la vuelta a Bolivia uniendo el Atlántico con el Pacífico siendo Bolivia el mejor paso”, afirmó anoche el empresario en el programa No Mentirás de la red RTP.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Un reciente bloqueo de carreteras realizado por sectores leales al expresidente Evo Morales (2006-2019) generaron pérdidas económicas equivalentes a 2.109 millones de dólares, según el viceministerio de Comercio Interno y Logística.
También puede leer: Productores protestan en puertas de YPFB Santa Cruz ante la falta de combustible
Los sectores afectados alertaron que este daño, que incluso puede superar la cifra anterior, es irreversible porque no se podrá recuperar en algunas semanas o meses debido al contexto de crisis económica que afronta el país.
Justiniano afirmó que Bolivia se empobrece debido a los diversos bloqueos que se realizan debido a que los sectores consideran más legítimas sus demandas que la de otros sectores sociales.
Después afirmó que otra política de Estado tiene que ver con el apoyo al sector productivo con la provisión de diésel, energía y otros servicios, y la seguridad jurídica para evitar avasallamientos y problemas afines como medidas adicionales para afrontar la crisis económica.
