El Ministerio de Economía señala que las competencias departamentales definidas, en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, no pueden ser alteradas arbitrariamente y sin un análisis técnico legal.
eju.tv / Video: DTV
El gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, ratificó este jueves su rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, debido a que es un presupuesto insuficiente para cumplir con las obligaciones en cada uno de los departamentos, ya que se les reduce alrededor de 200 millones de bolivianos con relación al asignado para este año. Además, observó que desde el Gobierno se les obliga a cumplir con obligaciones que no son de sus competencias. Mientras que, el Ministerio de Economía señala que las competencias departamentales definidas por norma, no pueden ser alteradas arbitrariamente y sin un análisis técnico legal.
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“Esta ley financial al que nos referíamos ayer está presente en el proyecto del PGE 2025 y estamos en desacuerdo totalmente, porque, insisto, nos obliga a cumplir con competencias que no son en este caso de los departamentos”, enfatizó la autoridad departamental.
Indicó que el pacto fiscal es algo que se debe tratar en los próximos meses, porque también es otro compromiso que ha asumido el Gobierno nacional y que una vez que se tengan los resultados finales del Censo, se tiene que comenzar a trabajar sobre ello.
Según Aguilera, con base a los nuevos datos se tienen que hacer acuerdos o un pacto social, que se debe reflejar en un nuevo pacto fiscal. Al respecto, desde las gobernaciones hicieron propuestas “serias” al Gobierno nacional.
También señaló que se pide una mayor participación dentro del presupuesto, por ejemplo, los gobiernos departamentales no coparticipan de los tributos de la población. Mencionó que el presupuesto de este año, por ejemplo, está en alrededor de 1.400 millones de bolivianos y que para el siguiente año sufrirá un recorte aproximado de 200 millones de bolivianos y que están reflejados en el proyecto de ley.
Enfatizó que actualmente con los 1.400 millones es imposible cumplir con todas las obligaciones que tienen cada uno de los departamentos.
Al respecto, el Ministerio de Economía aseguró que el Gobierno Nacional no incumplió ningún compromiso asumido con las gobernaciones. Afirmó que las competencias departamentales definidas, en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, no pueden ser alteradas arbitrariamente y sin un análisis técnico legal.
