Matkovic asegura que la democracia está en juego por la violación a la independencia de poderes

Asimismo, reiteró que la posición de Creemos sobre Evo Morales es que no pude ser candidato presidencial otra vez

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Boris Bueno Camacho / La Paz



Zvonko Matkovic, en representación de la agrupación Creemos, advirtió este lunes, momentos antes de ingresar a la reunión convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que el sistema democrático está en riesgo por la violación a la independencia de poderes, tras que en días pasados se conoció una sentencia constitucional mediante la cual se declara desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando; y en esos dos departamentos, además de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz, en lo que respecta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En ese sentido, Matkovic aseguró que su presencia en la reunión llamada por el ente electoral no solamente es para garantizar los comicios judiciales, sino también las elecciones generales de 2025, porque solamente a través del voto del pueblo boliviano se garantiza una elección de autoridades, pero con total transparencia, ahí radica la importancia de la independencia de los órganos del Estado, tal cual solicitan actualmente los vocales electorales ante la intromisión de los magistrados del TCP.

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“Se debe garantizar la independencia de los poderes para que ellos (los vocales) puedan hacer su trabajo, y para eso hemos venido; queremos analizar la propuesta, hemos leído que existe un proyecto de ley, por eso queremos analizar cuál es esa propuesta que ellos tienen y poder tener una opinión al respecto, vamos a trabajar las horas necesarias para que todos los procesos eleccionarios que están programados tengan un desarrollo normal sin la intervención ni del Ejecutivo, ni de otras instancias estatales”, afirmó.

Asimismo, reiteró la posición esgrimida por Luis Fernando Camacho, líder de la agrupación Creemos, en sentido que el exmandatario Evo Morales ya no puede participar en los comicios nacionales, porque está inhabilitado por la Constitución Política del Estado (CPE), una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dos sentencias constitucionales al respecto, hecho que queda claro para la sociedad en su conjunto.