Afirman que con certeza, no se trata de un objetivo inalcanzable, otros países vecinos ya lo lograron y que Bolivia también puede hacerlo si se hacen las tareas en consenso, dejando atrás las cosas que lastran la actividad minera.
Bolivia es un país con importantes reservas de minerales, pero sin las condiciones que permitan el desarrollo de ese potencial en su vasta geografía andino-amazónica. La falta de inversiones, la inseguridad jurídica, el intervencionismo estatal, la incertidumbre política, la informalidad en la actividad extractiva y el deterioro ambiental, entre otros, figuran en la lista de los problemas que asfixian y estancan a este sector, de acuerdo con el análisis de la Fundación Milenio.
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En ese contexto, afirman que ponen en consideración la Estrategia de Desarrollo Minero (EDM), que apunta a superar la contradicción entre oportunidades y potencialidades, para transitar de una minería subdesarrollada a un estadio diferente de transformación productiva y modernización institucional conducente a una minería sostenible, competitiva e inclusiva. Esta transformación hará de una renovada industria minera un motor de estabilidad y crecimiento de la economía nacional.
“Una de las metas de esta estrategia es que, en 5 años, la participación de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) total suba de 5,26% al 10%, de 2.751 millones de dólares a 5.322 millones, con la movilización de poco más de 5.000 millones de dólares en inversiones hasta el año 2030”, señala una publicación hecha por Milenio.
Precisa que con certeza, no se trata de un objetivo inalcanzable, otros países vecinos ya lo lograron y que Bolivia también puede hacerlo si se hacen las tareas en consenso, dejando atrás las cosas que lastran la actividad minera, y si se tiene la convicción y determinación de impulsar el progreso de la minería para generar más exportaciones, ingresos para el país y mejores condiciones de vida y bienestar para los bolivianos en el este siglo.
La EDM propone cinco políticas prioritarias: fomento y protección de la inversión minera; modernización de las cooperativas; sustentabilidad socioambiental; recursos humanos calificados; institucionalidad y buena gobernanza. Además, un anteproyecto de nueva Ley de Minería, y un anteproyecto de modificación a Ley General de Cooperativas, como instrumentos necesarios para proveer de garantías, incentivos y oportunidades a la inversión y a la actividad minera.
También gira en torno a dos ejes: el primero, la promoción de la inversión minera, con apertura a la inversión extranjera, en un marco jurídico que proporcione al sector privado libertad económica, ventajas competitivas, seguridad y estabilidad en sus proyectos y operaciones; y el segundo eje, la urgencia de frenar la informalización creciente de la actividad minera, mediante la formalización plena de las cooperativas mineras y su conversión en unidades productivas eficientes, con capacidad de gestión técnica, administrativa, y ambiental, con igualdad de derechos y obligaciones ante la ley, y la posibilidad de capitalizarse y constituirse en un emergente empresariado minero popular.
Agrega que, también se busca superar el conflicto y la tensión entre una minería tecnológicamente avanzada, pero de pocas empresas con capital extranjero, y una minería de baja productividad en su mayoría informal, que sin embargo absorbe más del 90% del empleo, para lo cual se proponen medidas para aumentar la productividad del sector cooperativista, con menos impacto ambiental y su integración con el sector empresarial moderno, de modo de elevar la calidad de los trabajos en la minería y los beneficios tanto para las regiones mineras como para el país en su conjunto.