Las elecciones judiciales se realizan con un año de retraso y en las que se elegirán sólo a 19 de las 26 altas autoridades de la administración de justicia.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
Bolivia inicia la jornada electoral en la que elegirá sólo a 19 de las 26 altas autoridades de su sistema judicial, con un año de retraso y después de sortear un camino tortuoso marcado debido a una crisis institucional que amenaza con agudizarse.
“Hemos llegado al ‘Día D’, hoy debemos elegir a los magistrados del órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Si la elección general de 2020 fue difícil y complicada porque se dio en un escenario de confrontación extrema, esta elección judicial es mucho más compleja porque además del escenario político, social y económico que afecta a todas las familias bolivianas se hizo patente la presencia de intereses diversos que atentaron contra el normal desarrollo del proceso electoral”, destacó esta mañana el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, durante la inauguración de la jornada electoral.
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Las elecciones judiciales debían realizarse en noviembre del año pasado al término de los mandatos de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental; sin embargo, la falta de consensos políticos en la Asamblea Legislativa impidió el desarrollo del proceso electoral.
Todas las instituciones mencionadas anteriormente forman parte del órgano Judicial en Bolivia.
Al borde de la finalización de los mandatos, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional determinaron mediante una sentencia la prórroga de las funciones de las autoridades del sistema judicial hasta que se realice la elección y posesión de los nuevos magistrados. De ahí surgió el calificativo de “autoprorrogados”.
“El resultado es que la elección se realiza con un año de retraso y de manera incompleta”, puntualizó el presidente del TSE. “Para llegar a este día hemos tenido que recorrer un camino lleno de obstáculos, primero fue que la elección no pudo realizarse el año 2023 como correspondía por cumplimiento del mandato de las autoridades en ejercicio debido a que surgieron observaciones”, recordó Hassenteufel.
Bolivia es uno de los pocos países del mundo que elige a sus autoridades del sistema judicial mediante voto popular.
El proceso de preselección está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el proceso electoral es administrado por el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, el proceso de preselección estuvo marcado por varios cuestionamientos y demoras debido a recursos judiciales como amparos constitucionales que frenaron en al menos siete ocasiones el desarrollo de la evaluación de los postulantes.
También surgieron denuncias de favorecimiento de parte de directivos de las comisiones parlamentarias encargadas de la evaluación a algunos postulantes e incumplimiento de requisitos como la participación de postulantes mujeres e indígenas.
Finalmente el 6 de febrero de este año se aprobó la ley transitoria de las elecciones judiciales; sin embargo, la lista oficial de candidatos preseleccionados fue enviada al Tribunal Supremo Electoral el 7 de agosto de este año.
El TSE devolvió las listas a la Asamblea porque no se cumplieron requisitos como la participación de indígenas y la equidad de género en al menos dos departamentos para postulantes al Tribunal Constitucional, pero el Legislativo justificó su trabajo en el sentido de que cumplió con los estándares previstos en la Constitución Política del Estado.
Con esa respuesta, el 13 de agosto se lanzó la convocatoria a elecciones judiciales y el calendario electoral; sin embargo, el 4 de noviembre en pleno desarrollo de las actividades electorales, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó mediante la sentencia constitucional 770/2024 la suspensión de las elecciones para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Pando y Beni.
También declaró desierta la convocatoria para la elección de altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija bajo el argumento de que no se cumplieron los requisitos en el proceso de preselección realizada por la Asamblea Legislativa.
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Por eso, es la primera vez que las elecciones judiciales en Bolivia se realizan de manera parcial. Sólo en cuatro departamentos (La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca) se realizan de manera completa.
En la jornada electoral de hoy sólo se elegirán a 19 de las 26 altas autoridades del sistema judicial mientras que las restantes 7 serán elegidas en otro proceso electoral que aún no tiene fecha y podría ocurrir recién en 2026 o 2027 una vez que se realicen las elecciones nacionales en 2025 y elecciones subnacionales en 2026.
En tanto, se mantendrán en sus cargos administrando el sistema judicial junto a las nuevas altas autoridades en medio de una crisis institucional que ha puesto al país en un escenario de incertidumbre.
El Tribunal Constitucional asumió un rol determinante por encima de otros poderes del pese a que forma parte del Judicial, mediante sus fallos que según la Carta Magna son inapelables ordenó el fraccionamiento de las elecciones judiciales al poder electoral y también cercenó algunas funciones de fiscalización al órgano Legislativo.
El mismo órgano Ejecutivo se ve obligado a cumplir las determinaciones de esta institución integrada actualmente por autoridades que cumplieron sus mandatos legalmente el 31 de diciembre de 2023, pero que se prorrogaron por una sentencia del TCP.
El TSE intentó rebelarse contra el fallo que suspendió parcialmente las elecciones judiciales y pidió a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos que blinden el proceso electoral, pero se quedó solo y no tuvo el respaldo del poder del Estado encargado de la elaboración de leyes porque se encuentra dividida en varias fracciones.