Industriales afirman que la disposición sobre “confiscación” genera inseguridad jurídica y piden eliminar del PGE 2025

Consideran que este tipo de medidas se convertirá en un instrumento de carácter “discrecional arbitrario, represivo y extorsivo”, ya que facultará a entidades públicas a realizar controles, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a los industriales.

La producción de galletas, en La Paz. / Foto: El Periódico

 

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La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación y alarma por la disposición arbitraria de “confiscación y/o decomiso de productos”, bajo el pretexto de que “pretenda encarecer los precios de los mismos”, misma que está incluida en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Consideran que este tipo de medidas genera inseguridad jurídica, desabastecimiento de alimentos, desempleo, entre otros, por lo que, piden eliminarla. 

“La confiscación y decomiso de productos  generará incertidumbre entre las empresas y microempresas que preferirán dejar de producir, para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, lo que generará desabastecimiento de alimentos, caída de inversión, desempleo y descenso de las recaudaciones tributarias, advirtieron el sector industrial, mediante un comunicado de prensa.

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Por lo tanto, le piden al presidente Luis Arce eliminar la citada disposición, para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada. La disposición adicional séptima del PGE – 2025, debido a que consideran que, se convertirá en un instrumento de carácter “discrecional arbitrario, represivo y extorsivo”, puesto que facultará a entidades públicas competentes a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a los industriales.

El sector sugiere al Gobierno adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial, antes que medidas de orden represivo y confiscatorio.

La posición de la CNI se da tras el contenido del PGE 2025, que contiene una disposición que faculta a “entidades competentes” el control, fiscalización y confiscación o decomiso de productos que personas que almacenen, retengan y pretendan encarecer los precios de los mismos.