Aseguran que ya existe normativa que castiga el agio, la especulación y el contrabando, por lo que la nueva norma es innecesaria.
El sector industrial del país anunció este jueves que no participará de la reglamentación del artículo inserto en el Presupuesto General del Estado (PGE 2025) sobre confiscación, ya que consideran que se cuenta con la normativa vigente para castigar el agio, la especulación y el contrabando de mercancías.
«Nuestra posición y de todas las cámaras de Industria de Bolivia y sumada al comunicado del día de ayer (miércoles 4 de diciembre) con la CAO, con Caniob, con Caneb, con Cadex y todas las otras cámaras es de rechazo al artículo séptimo, a la disposición séptima transitoria, ya existen normas que penalizan con seis meses a tres años el agio y existe una ley anticontrabando, entonces ¿por qué duplicar normas, por qué generar este clima de inseguridad?», afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunció en la víspera en contra de la disposición del proyecto del PGE 2025, que autoriza la intervención de las cadenas productivas por parte de las autoridades, para evitar la especulación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En esta ocasión, los industriales se sumaron al rechazo y aseguraron que el Gobierno ya hizo verificaciones a las plantas de oleaginosas, por ejemplo, donde se comprobó que se produce con normalidad y que la especulación corresponde a otro eslabón de la cadena productiva.
«Hace 24, 48 horas han estado ministros, viceministros verificando las plantas de aceite y la producción es normal, se está vendiendo, entonces el problema no es el industrial formal y lo único que estamos generando es esta inseguridad, estamos generando incertidumbre y lo que hoy Bolivia no se merece es este clima de incertidumbre», agregó Camacho.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó el miércoles que el Gobierno ofreció al sector industrial redactar de manera conjunta la reglamentación de la norma que permite que se confisquen o decomisen productos a los actores de la comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o pretendan encarecer los precios de los artículos.