La posición de Siles surge luego de que el exdiputado Amílcar Barral interpuso una denuncia contra Arispe por amenazar a quienes intenten aprehender al exmandatario.
eju.tv / Video: DTV
El ministro de Justicia, César Siles, se refirió este martes a las declaraciones del diputado evista Gualberto Arispe e indicó que el Ministerio Público tiene que investigar la apología del delito, encubrimiento, asociación delictuosa, con el fin de sentar un precedente, tomando en cuenta que en el país no se vive en anarquía, sino en un estado de derecho, por tanto, se tiene que cumplir las normas.
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“Lo que él (diputado Arispe) está haciendo, no está amparado por la protección constitucional de inmunidad, él no está realizando un acto de fiscalización, un acto legislativo, lo que está haciendo es cometer posibles delitos que el Ministerio Público tiene que investigar la apología del delito, encubrimiento, asociación delictuosa, investigaciones que seguramente realizará de oficio”, enfatizó la autoridad.
La posición de Siles surge luego de que el exdiputado Amílcar Barral interpuso una denuncia contra Arispe por amenazar a quienes intenten aprehender al exmandatario. En la advertencia refirió que “quien quiera aprehender al hermano Evo, que venga; pero decidido a morir. Si no está decidido a morir, que no venga, porque acá estamos listos para defenderlo”.
Sobre la pregunta si el legislador está cometiendo la presunta comisión de delitos de instigación pública delinquir, amenazas y otros, que no están amparados por la Constitución Política del Estado, la autoridad respondió que no tiene ningún amparo y que no es un acto legislativo, sino una decisión personal y que la Fiscalía debe llegar a los resultados que la población espera, porque en el país no estamos viviendo en un Estado de caos ni de anarquía, sino que estamos en un estado de derecho.
Sobre la denuncia que interpuso el exdiputado Amilcar Barral, Siles indicó que sí corresponde una investigación y sentar un precedente con el inicio de investigaciones, de lo contrario cualquier ciudadano, sea legislador o no, emitirá amenazas y generará zozobra en la población, algo que no corresponde en un estado de derecho, en el que se tienen que cumplir las normas.
