El sector empresarial advierte que el intento de controlar los precios, sólo hará que se dejen de producir y comercializar los mismos, generando desabastecimiento, lo que ya se insinúa en algunos mercados.
La Cámara Nacional Comercio (CNC) afirmó este jueves que la disposición adicional séptima que está inserta en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que faculta a que se combata la especulación alimentaria, es “atentatoria” contra las actividades comerciales y la economía del pueblo boliviano. También lamentan que el Gobierno nacional continúe con su política de «expansión del gasto público», que está incluído en el documento, que actualmente es tratado en la Asamblea Legislativa.
“Como Cámara Nacional de Comercio y a nombre de nuestros asociados, consideramos que la disposición adicional séptima, que faculta a las entidades estatales a activar medidas de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a los comercializadores de alimentos que almacenen, retengan o pretendan encarecer los precios de estos, es atentatoria contra las actividades comerciales y la economía del pueblo boliviano”, señala un comunicado de la entidad empresarial.
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Enfatizan que los precios deben regirse por el mercado y no establecerse a criterio de algún funcionario público. Si los precios de los alimentos suben es porque los costos de generar y comercializar los mismos, se han elevado.
Advierten que el intento de controlar los precios, sólo hará que se dejen de producir y comercializar los mismos, generando desabastecimiento, lo que ya se insinúa en algunos mercados.
La CNC señala que tampoco está de acuerdo con pretender que los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales declaren obligatoriamente información de producción, transformación y comercialización de esta, con carácter de declaración jurada. Esto constituye una intromisión en las actividades privadas y sólo generará mayor burocracia y oportunidades de corrupción.
Asimismo, el presidente de la CNC, Jaime Ascarrunz, manifestó que lamentan que se continúe con la política de “expansión del gasto público”, incrementando el presupuesto consolidado en 11,7%.
“Nuevamente exhortamos al Gobierno nacional sobre su política económica en momentos en los que se requiere austeridad y prudencia. Entendemos que, el sector empresarial y el pueblo boliviano en general, estamos enfrentando una coyuntura económica difícil, por lo que instamos al Gobierno nacional a actuar en consecuencia”, señaló Ascarrunz.
Agregó que con la proyección de un déficit de 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), Bolivia entrará en el onceavo año con déficit fiscal, de los cuales, señalan, que nueve de ellos son mayores al 7%. Es ese déficit que genera en gran parte los problemas que el país enfrenta, como la falta de moneda extranjera, la escasez de combustibles, la creciente inflación y escasez de productos de la canasta familiar.
