Senadora denuncia que en Tres Marías los cooperativistas mineros crearon una comunidad: «Es una cosa monstruosa»


Los mineros buscan beneficiarse de los derechos preconstituidos que poseen las comunidades y así poder explotar el mineral sin hacer consultas.

La senadora Requena, de Comunidad Ciudadana, habla con Brújula Digital, hace unos días. Foto: Brújula Digital

Fuente: Brújula Digital



La senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena denunció que en la localidad de Tres Marías, ubicada en el municipio de Yanacachi, Sud Yungas, cooperativas mineras crearon una nueva comunidad con el fin de obtener derechos «preconstituidos» y evitar consultar a los comunarios sobre las actividades que realizan en la zona. Además, señaló que existe parcialidad de la Policía en favor del sector minero.

“Han creado una cosa ya francamente monstruosa, una comunidad dentro de la comunidad Tres Marías, y pretenden a través de esa legitimidad de ser comunidad, tener estos derechos y no haber consultado y dicen que son derechos preconstituidos. Como fuera, si fueran preconstituidos, si tuvieran derecho minero, –vamos a verificar todo eso–, no tienen ningún derecho de hacer lo que están haciendo”, aseguró la senadora a Brújula Digital.

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Contaminación del agua y daños a la infraestructura

Requena también denunció que las cooperativas que operan en la zona han contaminado el agua utilizada por los productores, tanto para el riego de sembradíos como para el consumo humano.

Además, señaló que los mineros abrieron caminos ilegales que cruzan propiedades privadas, provocan deslizamientos en la región y que dañaron un puente que los comunarios, muchos de ellos productores de flores, utilizaban para trasladarse a La Paz y comercializar su mercadería.

Enfrentamientos y detenciones en Tres Marías

El fin de semana pasado, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), defensores ambientales y comunarios de Tres Marías, denunciaron abusos por parte de los cooperativistas, así como la detención ilegal del comunario César Condori. Este fue acusado por el representante de la cooperativa minera Salvadora Yerbani, Juan José Gómez Choque, de lesiones leves y graves.

Requena explicó que hace unos días se registró un enfrentamiento en la comunidad luego de que los comunarios comprobaran que maquinaria de los cooperativistas abría caminos de forma ilegal.

Ante la presencia de los campesinos, los mineros convocaron a más compañeros y a la Policía. Como resultado, se emitieron nueve órdenes de aprehensión contra los comunarios.

“¿Qué ha hecho la Policía? Ponerse claramente del lado de los mineros. Me dicen que podría haber cooperativistas que son parte de la Policía, vamos a averiguar eso también”.

Lamentó, además, que se emitieran órdenes de aprehensión y que una persona fuese aprehendida, la cual primero estaba en Coroico “y ahora resulta que la han traído, violando el derecho humano, al juez natural, aquí a San Pedro”, dijo Requena.

“Las personas que reclaman el avasallamiento y la violación de los derechos de la Constitución terminan en la cárcel”, dijo Requena.

La senadora informó que envió cartas a las instancias competentes, como la Fiscalía, la Alcaldía de Coroico y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entre otras, para recabar más información sobre lo sucedido en la comunidad y tomar las acciones correspondientes.

Reclamos de la Contiocap por vulneraciones desde 2010

En un comunicado, la Contiocap denunció que desde 2010 algunos de sus afiliados han sufrido atropellos a sus derechos humanos y territorios por parte de la cooperativa minera Salvadora Yerbani.

“Los mineros han invadido nuestro territorio comunal destruyendo nuestras áreas de cultivo, fuentes de agua y abriendo caminos desde 2010, ocasionando deslizamientos que le ha costado la vida a nuestros familiares entre ellos niños”.

La Contiocap, junto con defensores ambientales y comunarios, solicitó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, y a los ministerios de Minería y Metalurgia, Medio Ambiente y Agua, y de Justicia, además del Defensor del Pueblo, que verifiquen in situ la situación que afecta a la comunidad.

BD/AGT/JA


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