El Gobierno afirma que la disposición séptima del PGE está en pausa mientras no exista una reglamentación elaborada por dos ministerios.
eju.tv / Video: Red Uno
Juan Carlos Véliz / La Paz
El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, alertó que la disposición confiscatoria establecida en el Presupuesto General del Estado (PGE 2025) atenta contra la propiedad privada, la libre producción y el derecho al trabajo.
“En el ampliado multisectorial que tuvimos una vez más coincidimos con otros sectores, con el sector gremial y transportista, de que realmente esta disposición atenta contra la propiedad privada y lejos de solucionar el problema que tiene el país en este momento más bien ahonda la crisis”, afirmó el directivo anoche en una entrevista con la red Uno.
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La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Esta disposición puso en alerta a los sectores productivos y de comerciantes porque se pone en riesgo la propiedad privada bajo el argumento de una lucha contra la especulación.
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Castro también advirtió que esta norma, al margen de poner en riesgo la propiedad, “atenta contra la libre producción y el derecho al trabajo”.
Los gremiales del país, ayer, dieron un plazo de dos semanas al Gobierno para que anule esta disposición, de lo contrario iniciarán movilizaciones en todo el país hasta lograr la derogatoria.
No obstante, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que la disposición adicional séptima del PGE “está en pausa” mientras no exista una reglamentación biministerial por lo que exhortó a los sectores movilizados a que participen en la elaboración de la norma.
