Entre otra de las preocupaciones está la inclusión en uno de los artículos sobre la confiscación y decomiso, del que consideran se debe retomar el diálogo con el sector privado u los afectados.
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El Colegio de Economistas de Santa Cruz emitió un pronunciamiento luego de que el Gobierno central puso en vigencia, mediante decreto supremo, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y del que señalaron que expresan su “máxima preocupación” por las políticas públicas que emanan en el documento y su “alarmante” forma de aprobación y promulgación. Asimismo, indicaron que urgen “ajustes significativos” en el modelo económico que se implementa.
“El modelo económico productivo comunitario enfrenta una crisis profunda, y el PGE 2025 exacerba sus debilidades. Urgen ajustes significativos para garantizar sostenibilidad, estabilidad macroeconómica y protección del poder adquisitivo de los bolivianos. Instamos al Gobierno a actuar con responsabilidad fiscal y transparencia para enfrentar los desafíos del presente”, señala un documento emitido por el Colegio de Economistas.
Asimismo, indican que la falta de madurez y voluntad política de los máximos representantes del poder Legislativo y Ejecutivo, que por segundo año consecutivo activan un presupuesto sin el debate correspondiente a las observaciones realizadas por diferentes actores políticos y el sector privado, con lo que “muestran el deterioro del diálogo y déficit democrático que se vive en el país, mostrando señales sombrías a los agentes económicos en el inicio del año 2025”.
Asimismo, la entidad cruceña emitió las observaciones hechas al PGE – 2025, entre ellas las metas macroeconómicas “alarmantes”, ya que se lo presenta en un contexto económico “desafiante” para Bolivia, marcado por la disminución de ingresos por exportaciones, presión sobre las Reservas Internacionales y la necesidad de mantener la estabilidad del poder adquisitivo. Observan mayor gasto corriente; menor inversión pública; las fuentes de financiamiento interno versus externo.
Entre otra de las preocupaciones está la inclusión en uno de los artículos sobre la confiscación y decomiso, del que consideran se debe retomar el diálogo con el sector privado u los afectados, y también les llama la atención el tema del crédito concesional extraordinario, en relación al uso de recursos financieros concesionales a través del Banco Central de Bolivia (BCB) para deuda a corto plazo.
“Por lo expuesto, consideramos que el PGE 2025 no expresa el deterioro y la crisis económica que vive el país y resulta contraproducente a la estabilidad macroeconómica, en especial del poder adquisitivo del peso boliviano”, señala la entidad cruceña.