El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, denunció este domingo que temas políticos impiden y entorpecen la coordinación entre el nivel central y las alcaldías, para realizar controles en los mercados y cuidar el bolsillos de los bolivianos.
Fuente: ABI
“Le ponen frenos, creen que coordinar con el nivel nacional es un tema político, es decir, dicen: Nosotros no estamos al servicio del gobierno, no tenemos por qué coordinar con el gobierno, nosotros vamos a hacer las cosas por sí solos, pero, lamentablemente, no lo hacen”, reclamó.
En el marco de la ley, la Guardia Municipal debe acatar las leyes y la Constitución Política del Estado y cumplir su rol en el control de precios y calidad de productos en los mercados.
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“No les estamos pidiendo otra cosa, solamente que cumplamos lo que dice la norma.¿A favor de quién? No del partido político, no de la izquierda o de la derecha, sino a favor del pueblo”, insistió.
En esa lógica y a fin de frenar la especulación y el agio, Silva alista un plan de control en mercados, supermercados y farmacias este 2025.
“Vamos a implementar un plan de control de precios en todo el país, que tiene que estar dirigido y orientado a proteger a todos los consumidores y a los usuarios”, aseguró.
En esta labor, manifestó Silva, es necesaria la participación de la Policía Boliviana, los municipios e instancias gubernamentales como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).
Mch/Cc