En los últimos meses, Bolivia ha presenciado un aumento significativo en los precios de productos básicos como el arroz y el aceite. En respuesta a esta situación, el gobierno central ha adoptado medidas más intervencionistas, como la confiscación de arroz en el marco del Presupuesto General del Estado 2025 y la implementación de una planta para producir aceite. Con una inversión de Bs. 426 millones, esta planta procesará 1.000 toneladas de soya diarias, marcando un giro hacia el rol de competidor, más que de regulador. Además, en diciembre de 2024, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5285, autorizando la creación de una Industria Avícola en La Paz, con una inversión de Bs. 607 millones.
En paralelo, el gobierno ha propuesto abrir nuevas fábricas, lo que ha recibido el apoyo de ciertos sectores que consideran estas medidas como una política favorable para la creación de empleo y la dinamización económica. Sin embargo, es importante recordar que entre 1936 a 1985, Bolivia creó empresas estatales bajo el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), con resultados negativos. Las empresas públicas generaron pérdidas, fueron focos de corrupción y se convirtieron en una carga económica para el Estado. El Decreto Supremo 21060 de 1985 permitió la privatización parcial o total de estas empresas y cerró aquellas que no podían sostenerse.
La idea de crear empresas públicas en Bolivia tiene sus raíces en las teorías económicas estructuralistas promovidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que impulsó el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en América Latina desde la década de 1930 hasta principios de los 80. Aunque este modelo logró un crecimiento limitado en países como Argentina, Brasil y México, pero fue un fracaso en otros países. También expuso serias limitaciones estructurales que desencadenaron desequilibrios macroeconómicos. La creciente dependencia de la deuda externa, junto con crisis internacionales como el aumento de las tasas de interés y la caída de los precios de exportación, desestabilizó las economías regionales. Estas tensiones culminaron en lo que se conoció como la «década perdida» de los 80, marcada por recesión, alta inflación y un retroceso en los indicadores sociales, lo que hizo que se perdieran muchos de los avances logrados en las décadas anteriores.
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Actualmente, el gobierno de Arce parece decidido a revivir este modelo económico. La creación de nuevas empresas públicas y la intervención directa en sectores clave como la producción de aceite y la industria avícola pueden parecer medidas necesarias ante la crisis. No obstante, surge una pregunta crítica: ¿por qué el gobierno decide aplicar un modelo que ya fracasó y que ha sido abandonado por otros países y solamente lo aplica Venezuela y se pueden ver los resultados catastróficos. ? La respuesta parece estar vinculada a la urgencia de atender los desafíos inmediatos sin abordar las causas estructurales subyacentes.
Desde 2007, Bolivia ha creado más de 32 empresas públicas, cifra que sigue aumentando. Sin embargo, un estudio de Julio Linares sobre 17 de estas empresas indica que entre 2007 y 2022 generaron pérdidas por Bs. 4.059 millones. Además, a finales de 2023, la deuda de estas empresas con el Banco Central de Bolivia alcanzaba los Bs. 37.100 millones. En 2024, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) prevé la creación de 37 nuevas plantas industriales que se centrarán en la producción farmacéutica, agro insumos, aceites y otros productos. Aunque este esfuerzo se presenta como un intento por diversificar la economía, la falta de transparencia en la gestión de estas empresas plantea dudas sobre su viabilidad a largo plazo.
Los fracasos recientes de empresas públicas son alarmantes. La planta azucarera de San Buenaventura (EASBA), ubicada en una región sin acceso a caña de azúcar, ha generado pérdidas millonarias y refleja una mala planificación. La planta de urea de Bulo Bulo, alejada de los mercados internacionales y sin infraestructura adecuada, ha incurrido en sobrecostos y pérdidas económicas. Estos proyectos, como muchos otros, evidencian la falta de eficiencia en la gestión de estas empresas.
Además, las empresas públicas gozan de ventajas competitivas que distorsionan el mercado. Mientras que las empresas privadas enfrentan tasas de interés cercanas al 8% anual, las públicas acceden a créditos con tasas cercanas al 0,5% anual, lo que les permite operar a un costo mucho menor. Esto las convierte en competidores desleales para el sector privado. Empresas como Boliviana de Aviación (BoA), que reciben inversiones adicionales para cubrir sus pérdidas, se convierten en monopolios apoyados por el gobierno, mientras que las empresas privadas luchan por sobrevivir.
Lo más preocupante es la falta de transparencia. Muchas de las empresas públicas no publican sus estados financieros, lo que impide conocer la magnitud de las pérdidas que generan. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) que administra 8 empresa publicas presenta solo datos parciales sobre ventas, pero no ofrece detalles sobre los costos operativos, dificultando cualquier intento de evaluar la viabilidad de estas empresas. Esto perpetúa un sistema opaco que oculta las verdaderas dificultades y dificulta la rendición de cuentas.
En resumen, la política del gobierno de Arce de expandir el número de empresas públicas y aplicar el modelo ISI no parece ser una solución sostenible. Las experiencias pasadas de Bolivia y otros países latinoamericanos deben servir como lecciones para evitar la repetición de errores. La creación de más empresas públicas sin una gestión eficiente y transparente solo generará más pérdidas económicas, corrupción y distorsiones en el mercado. Bolivia necesita un enfoque más moderno y sostenible que fomente la competitividad y el emprendimiento privado, en lugar de seguir apostando por un modelo que ya ha fracasado.
Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Investigador y analista socioeconómico