El Senado aprobó ayer por unanimidad una ley para que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia funcione sólo con magistrados electos.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
La senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, denunció que los magistrados autoprorrogados están violando la Constitución Política del Estado y la Carta Democrática Interamericana de la OEA al aferrarse a un cargo público que tiene sólo seis años de mandato.
“El Gobierno tenía que tomar una decisión política, de ir y sacarlos aunque sea con la fuerza pública porque aquí se ha vulnerado la Carta Democrática y además se ha vulnerado la Constitución, se ha vulnerado la voluntad del constituyente o el ciudadano que ha ido a votar por una Constitución que decía que ellos tenían un periodo de seis años y ellos han cambiado la voluntad del ciudadano” afirmó la legisladora en una entrevista con la red Uno.
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Salame es la senadora que presentó el proyecto de ley que fue aprobado ayer por el pleno de la cámara de Senadores y que establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sólo funcionará con magistrados electos y no así con los autoprorrogados.
Se denomina “autoprorrogados” a los funcionarios del órgano Judicial que en diciembre de 2023, debido a la postergación de las elecciones judiciales, ampliaron sus mandatos de manera extraordinaria hasta que se elijan a las nuevas autoridades; sin embargo, una vez que se realizó el proceso electoral y la acreditación de los ganadores, existen nueve exservidores públicos que se resisten a dejar sus cargos.
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“Lo que han hecho ahora aún es peor porque esa declaración constitucional 049 dice que ellos, para evitar un vacío jurídico, se quedan en funciones hasta que se produzcan las elecciones, pero ellos ahora de forma ultra petita, es decir que nadie les ha pedido, ellos se deciden que mientras no vengan los nuevos de los departamentos que ellos mismos han pedido que no haya elecciones, ellos se quedan en funciones, esto es una aberración en cualquier parte del mundo”, afirmó Salame en relación a la determinación de estos magistrados de permanecer en el cargo a cómo dé lugar.
El proyecto de ley aprobado en el Senado debe ser sancionado por la cámara de Diputados para que se produzca el cese definitivo de las funciones de los nueve magistrados porque la propuesta es que el TCP funcione con cuatro magistrados mientras el TSJ puede operar con cinco magistrados en tanto se elijan a las autoridades faltantes.