El Estado boliviano es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la próxima sesión del EPU que tendrá lugar entre el 20 y el 31 de enero de 2025, en Ginebra. Las anteriores revisiones de Bolivia (Estado Plurinacional), tuvieron lugar en febrero de 2010, octubre de 2014 y noviembre de 2019.
Fuente: ANF / La Paz
Frente a la proximidad del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, al cual se someterá el Estado Plurinacional y hará conocer sobre la situación de los derechos humanos en el país. El Ministerio de Justicia asegura que en Bolivia existe “independencia” judicial y reconoce que no hay una “Política de Derechos Humanos”.
El ministro de Justicia, César Siles al ser consultado sobre si el Estado cumplió con las recomendaciones del EPU en materia de justicia, afirmó que uno de los pilares que sustentan la democracia en el país es la “independencia judicial”.
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“Independencia que se ha visto fortalecida con la realización, el pasado 15 de diciembre de 2024, de la elección parcial, de las Máximas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con una participación ciudadana del 82%; y a diferencia de elecciones anteriores (2011 y 2017), con un 64,29% de votos válidos frente a un 35,71% de votos nulos y blancos. Además, se llevó a cabo el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, habiendo sido posesionada la nueva autoridad el 22 de octubre de 2024”, dijo.
Sobre poner fin al excesivo uso de la detención preventiva, señaló que entre diversas iniciativas del Estado, se encuentra la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, modificada por la Ley N°1226 de 18 de septiembre de 2019, que determina claramente 9 causales de improcedencia de la detención preventiva, entre las que figuran los delitos de acción privada, delito que no tengan prevista pena privativa de libertad, cuando se trate de personas con enfermedad en estado terminal, cuando se trate de personas mayores de 65 año, cuando se trate de mujeres embarazadas, de madre durante la lactancia de hijo menores de 1 años, entre otras.
“De igual manera, se viene trabajando en el Anteproyecto de Código de Enjuiciamiento Penal que prevé un nuevo régimen de medidas cautelares regulando los principios de temporalidad, proporcionalidad y racionalidad; el Proyecto de Ley de Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia, Como alternativa a la detención preventiva. Además, el Ministerio Público emitió 22 Instructivos para contrarrestar el uso excesivo de la detención preventiva y descongestionar la carga procesal, logrando cerrar 707.698 casos, registrando a la fecha 173.950 casos en trámite”, agregó.
Añadió que debido al elevado número de personas que se encuentran en detención preventiva que provocan el hacinamiento en centros penitenciarios, vienen trabajando un decreto presidencial de amnistía e indulto.
“No se cuenta con una política de derechos humanos”
Organismos de la sociedad civil afirman que el Estado no cumplió con las recomendaciones de defensores de derechos, que el país no cuenta con un plan nacional de derechos humanos y tampoco existen planes ni políticas específicas de protección de los defensores de derechos. Señalan que la criminalización y judicialización son temas de alta preocupación de éstas instituciones.
Al respecto, Siles dijo que, si bien “actualmente” no se cuenta con una “Política de Derechos Humanos”, el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en el marco de la CPIE (Comisión para la Presentación de Informes de Estado sobre Derechos Humanos), permitió dar continuidad a los lineamientos de esta política.
“Por otro lado, conscientes de la necesidad de contar con una Política para el periodo 2025-2029, las recomendaciones que surjan de la defensa del EPU el próximo 21 de enero servirá de base la construcción de dicho instrumento de gestión pública”, declaró.
Libertad de Prensa y Derechos de los pueblos indígenas
En cuanto a la libertad de prensa y expresión; y los derechos de los pueblos indígenas, entidades de la sociedad civil también observan y afirman que el Estado no cumplió con las recomendaciones del EPU.
Según Siles, ante la vulneración de estos derechos la norma nacional prevé que el Ministerio Público y el Órgano Judicial realicen la correspondiente investigación, juzgamiento y la sanción de los responsables si corresponde.
“Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en diversas ocasiones ha puesto a disposición de periodistas que hayan sufrido vulneraciones en el ejercicio de sus funciones, al Servicio Plurinacional de Defensa de Asistencia a la Víctima que cuenta con equipo multidisciplinarios de apoyo legal, social y psicológico”, indicó.
Con referencia a los derechos de los pueblos indígenas mencionó que el proceso constituyente boliviano “cristalizó” demandas históricas de los NPIOC, en la CPE, reconociendo, el dominio ancestral de sus territorios, su libre determinación: autonomía, autogobierno, cultura, reconocimiento de sus instituciones y consolidación de sus entidades territoriales, y de la ancestralidad sobre sus tierras.
“Por otro lado, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, reconoce la coexistencia de derechos ordinarios e indígenas y la autonomía de los pueblos para autorregularse”, afirmó.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, ha respondido un cuestionario precisamente sobre los avances que considera existen en materia de derechos humanos y su cumplimiento a las recomendaciones del tercer ciclo del EPU.
El Estado boliviano es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la próxima sesión del EPU que tendrá lugar entre el 20 y el 31 de enero de 2025, en Ginebra. Las anteriores revisiones de Bolivia (Estado Plurinacional), tuvieron lugar en febrero de 2010, octubre de 2014 y noviembre de 2019.
El Grupo de trabajo del EPU está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, cada uno de los 193 estados miembros de la ONU puede participar en el examen de un país, ha informado es instancia de las Naciones Unidas.
Asimismo, ha señalado que la delegación boliviana estará encabezada por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional.
/ANF/