El dirigente Toño Siñani señaló que el Gobierno no respondió la carta que le enviaron el 16 de enero, por lo que no corresponde asistir a conversar cuando no los invitan.
Los gremiales de la ciudad de El Alto insisten con la derogación de la disposición confiscatoria y aseguran que no fueron convocados a conversar con el Gobierno, por lo que no corresponde que se presenten a debatir su petición.
«Decirle al señor viceministro (Jorge Silva), en ningún momento ha llegado una invitación a la Central de Trabajadores de Bolivia, no ha habido respuesta a la carta que hemos enviado el 16 de enero y en vano va a decir que nosotros somos políticos; si no ha llegado ninguna invitación por qué me tengo que ir a reunir con el viceministro, ¿soy su llokalla (muchacho)?, qué cosa pues soy para que me diga ‘no ha venido'», manifestó el representante del sector Toño Siñani.
Ministros y viceministros de Estado esperaron el martes 28 de enero a los representantes del sector productivo y empresarial del país para entablar un diálogo sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza los decomisos de mercancías.
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Los sectores involucrados no acudieron al llamado y manifestaron que la norma debe ser derogada, pedido similar al de los gremiales, quienes aseguran que no fueron invitados al diálogo y que no correspondía su presencia en la reunión.
«Cuando el Gobierno no manda ninguna carta, nosotros no somos empleados públicos para irnos a reunir, nosotros queremos que nos manden una carta de invitación y queremos la derogación de la disposición séptima», aseguró Siñani.
El sector de los gremiales anunciaron que comenzarán sus movilizaciones el 10 de febrero y, si el Gobierno no deroga la disposición confiscatoria, entrarán en un paro de actividades.