El dirigente Wilson Gutiérrez anunció que el plazo para ello, además de abrogación del decreto de donación de arroz a Cuba, es el 31 de enero.
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Boris Bueno Camacho / La Paz
La Confederación de Gremiales de Bolivia se reunió el pasado lunes 13 de enero en un ampliado en el departamento de Santa Cruz que contó con la presencia de dirigentes de las federaciones de los nueve departamentos en el que ratificaron la exigencia al gobierno de la abrogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que autoriza el decomiso de productos, así como la anulación de un Decreto Supremo que autoriza la donación de arroz a Cuba.
La disposición adicional séptima de La Ley 1613 del PGE 2025 establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos. Esta controversial cláusula es resistida por diferentes sectores económicos y productivos por las características discrecionales que afectarían a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en el país.
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“Hemos analizado la Ley 1613, de manera específica, la disposición adicional séptima, y se ha sacado dos resoluciones: la primera, estamos pidiendo al gobierno que derogue la disposición adicional séptima y seguramente (Luis Arce) verá si instruye a sus senadores y diputados para que deroguen esta disposición y vean también la norma legal que corresponda para esta situación; en la resolución dos, estamos exigiendo al gobierno que abrogue el Decreto Supremo que permite la donación de arroz a Cuba”, puntualizó el secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Wilson Gutiérrez.
Por tanto, el sector de los gremiales fijó el 31 de enero como el plazo máximo para esa petición, en consecuencia, presentaron una nota al Ministerio de la Presidencia en la que dan cuenta de las determinaciones asumidas en el ampliado de Santa Cruz de la Sierra; si no tienen una respuesta positiva hasta esa fecha sobre esas y otros aspectos que aquejan a ese sector, reactivarán las movilizaciones en todo el territorio nacional a partir del 4 de febrero.
Wilson Gutiérrez, secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia. Foto: captura pantalla
“Nosotros hemos presentado al gobierno nuestros problemas, hemos planteado las soluciones dentro de lo que son las actualizaciones de valores de régimen simplificado, lo que son los abusos y los decomisos de la Aduana; hemos planteado que el gobierno ponga los dólares en los bancos al precio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia, le hemos pedido que solucione el abastecimiento de combustible, una jubilación gremial; pero, lastimosamente hasta ahora las mesas de trabajo no se han instalado”, reclamó.
Por tanto, certificó que la solución al pedio del sector gremial está en manos del gobierno de Arce Catacora y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque el problema expuesto no solamente afecta a los trabajadores cuentapropistas, sino también a la población en su conjunto, porque el incremento de los precios en diferentes productos no es responsabilidad de este gremio, sino de la ‘incapacidad de nuestros gobernantes’ que no pueden solucionar hasta la fecha el tema de las divisas en el sistema financiero y la provisión irregular de carburantes, que provocaron ese extremo.
“Aquí hay un interés común que está afectando a la población boliviana, por tanto, nos interesa cualquier reunión multisectorial y seguramente vamos a estar coordinando con otras organizaciones y otros sectores, nuestra movilización para el 4 de febrero”, afirmó Gutiérrez a propósito de la posibilidad de que otros gremios se plieguen a la marcha anunciada en caso de no tener una respuesta favorable de las autoridades gubernamentales.