El Gobierno y los industriales del país no llegaron a un acuerdo sobre el pedido de anulación de la disposición que permite confiscaciones a las empresas y comercios.
eju.tv / Video: Red Uno
Juan Carlos Véliz / La Paz
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que los sectores que demandan la anulación de la disposición legal que permite confiscaciones tienen una “lectura trágica” del contenido cuando en realidad el precepto fue concebido fundamentalmente para luchar contra el contrabando.
“Sentimos que hay una lectura trágica del contenido de esta disposición porque ven desde un punto de vista de negativismo pleno y absoluto, ‘es que no’, ‘es que va provocar esto’, ‘va a afectar a esto’, ‘es que nos va a perjudicar’, ‘es que va ahuyentar’, ‘es que no va asfixiar’, es una lectura trágica referente al contenido de la disposición”, afirmó la autoridad en una entrevista con la red Uno.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El Gobierno y los industriales ayer no llegaron a un acuerdo sobre el pedido de derogación de la disposición final séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que autoriza confiscaciones de productos y comercios.
Para Silva, la norma fue concebida para luchar contra el contrabando y no así para confiscar a las industrias que trabajan legalmente.
También puede leer: En lugar del contrabando a la inversa, Bolivia debería estar exportando “como locos” por el tipo de cambio del dólar, según el IBCE
“Si leemos bien los dos parágrafos de la disposición séptima no tiene esa lectura, no tiene ese objetivo, de atacar a los productores, a los industriales o empresarios que lícitamente realizan una actividad en el país, y le dijimos, no es una disposición para afectar a una persona natural o jurídica que realiza una actividad lícita de producción y comercialización. Esta disposición ha sido concebida en el contexto de que hay personas que están acumulando y almacenando productos no para abastecer el mercado interno”, explicó.
El Gobierno defiende la normativa y ha deslindado la responsabilidad de anular dicha disposición porque es de competencia de la Asamblea Legislativa.
Uno de los objetivos de la medida, según Silva, es luchar contra personas que acumulan miles de quintales de arroz, azúcar o paquetes de aceite para luego sacar ésto vía contrabando.
