La CNI conversó con tres ministros de Estado sobre el descontento de los sectores productivos del país respecto a la norma incluida en el PGE 2025.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) —en representación de los industriales del país— se reunió este jueves con el Gobierno para reiterar el pedido de eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que observan porque faculta la confiscación de mercaderías.
«Creemos que debe ser esta disposición derogada porque afecta el clima de inseguridad, estamos convencidos también que a mayor regulación, mayor el incentivo para actividades ilegales, contrabando, entre otras; hemos pedido a los ministros que hoy Bolivia quiere una certidumbre, no quiere zozobra», declaró a eju.tv el presidente de la CNI, Pablo Camacho.
Respecto a las conclusiones de esta cita, el representante del sector explicó que el Gobierno les presentó una propuesta para aclarar los alcances de la norma y cómo se le dará cumplimiento, aunque aclaró que los industriales reiteraron su pedido de eliminar la disposición de la ley del presupuesto.
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«Nos han hecho una propuesta para poder aclarar el alcance y qué entes serían parte de este nuevo marco regulatorio, les hemos hecho conocer a ellos que la posición desde la industria y de las otras cámaras que nos han dado la representación, es la de rechazo a la citada norma y, para darle certidumbre al país, debería ser la misma derogada», añadió Camacho.
En la reunión participaron los ministros de Justicia, Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo, una «conversación cordial» entre las autoridades y los industriales para que la norma adicional sea suprimida y así se evite más movilizaciones de diferentes sectores que la rechazan.
La disposición adicional séptima faculta a las «entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos», detalla la normativa.