Indicó que este tipo de medidas, como la disposición séptima ponen en riesgo la sostenibilidad de miles de empresas que generan empleos y aportan a la estabilidad económica del país y piden una mesa de negociación.
eju.tv / Video: CNC
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, cuestionó este martes que el Gobierno haya aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 de “manera unilateral y sin consenso», en el que está incluido la disposición adicional séptima, que otorga facultades al Estado para activar acciones de comiso de productos a quienes pretendan encarecer los precios. Incluso, consideró que con este tipo de normas se quiera “asfixiar” a los empresarios, quienes apuntan el origen del alza de los precios de los productos y alimentos al tipo de cambio y la irregular provisión de combustible.
“Tras esta explicación, nos parece que nos es correcto que el Gobierno pretenda asfixiar a los empresarios con esta disposición, siendo que el riesgo de incremento de precios tiene como origen el alza del tipo de cambio y la irregular provisión de combustible, que son dos variables de responsabilidad del Gobierno”, indicó el representante empresarial.
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Manifestó que con mucha preocupación ven que por segundo año consecutivo se aprobó el PGE de forma unilateral y sin consenso en la Asamblea Legislativa, lo más preocupante es ver que el gasto público no disminuye ni se muestra más austero, a pesar de la complicada situación económica que atraviesa el país.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 cita explícitamente que se faculta a las entidades estatales competentes a la confiscación o comiso de productos esenciales de la canasta básica a los actores de comercialización. “Debemos entender que varios de estos alimentos son parte de un proceso de industrialización que involucra a diferentes agentes: productores de materia prima, importadores, industrializadores y los comercializadores”.
También mencionó que dentro de este proceso se ven involucradas varias transacciones monetarias para la adquisición tanto de materia prima como de insumo y que la variación de su costo determine el precio del producto
Según Olivo, si bien en los últimos 15 años se tuvo un tipo de cambio estable y una provisión de combustible regular, que hizo viable que los precios de los productos alimenticios se mantengan estables, pero cuando el costo de uno de los componentes o de varios es alterado, el precio de venta al consumidor también sufrirá una variación.
“Tras esta explicación, nos parece que nos es correcto que el Gobierno pretenda asfixiar a los empresarios con esta disposición, siendo que el riesgo de incremento de precios tiene como origen el alza del tipo de cambio y la irregular provisión de combustible, que son dos variables de responsabilidad del Gobierno”, evaluó.
Indicó que este tipo de medidas ponen en riesgo la sostenibilidad de miles de empresas que generan empleos y aportan a la estabilidad económica del país, en el que tienen la disposición de buscar los mecanismos y sentarse en una mesa de negociación.
