Algunos estados del país han adoptado políticas que protegen a los migrantes, pero las recientes acciones federales ponen en duda su capacidad de resistir las redadas de ICE.
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Fuente: Infobae
En Estados Unidos, la política migratoria ha sido históricamente un tema de debate, especialmente en torno a la protección de los migrantes indocumentados en ciertas ciudades y estados. A lo largo de las décadas, diversas jurisdicciones han adoptado medidas para limitar su cooperación con las agencias federales de inmigración, lo que les ha valido la denominación de “ciudades santuario”. Sin embargo, estas políticas han sido cuestionadas por distintos gobiernos federales, que buscan una aplicación más estricta de las leyes migratorias.
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Desde la llegada del actual gobierno, se han anunciado deportaciones masivas y medidas para forzar la colaboración de las autoridades locales en la detención de indocumentados. Funcionarios federales han advertido que las ciudades que se nieguen a cooperar enfrentarán sanciones, mientras que las redadas en áreas con gran presencia de migrantes han comenzado a intensificarse. En este contexto, muchas comunidades han expresado su preocupación por la posibilidad de una aplicación más agresiva de las políticas migratorias.
El debate en torno a estas jurisdicciones ha reavivado una discusión legal y política sobre los límites del poder federal y el derecho de los estados y ciudades a establecer sus propias normas. Mientras algunos líderes locales insisten en que estas políticas mejoran la seguridad pública y protegen los derechos de los residentes, el gobierno federal ha argumentado que interfieren con la aplicación de la ley y ponen en riesgo a las comunidades, señaló The New York Times.
Qué es una ciudad santuario
El concepto de ciudad santuario no tiene una definición legal universal, pero generalmente se refiere a aquellas jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. The Washington Post señala que estas políticas pueden incluir la prohibición de que la policía local pregunte sobre el estatus migratorio de las personas detenidas, la negativa a retener a indocumentados a petición de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) sin una orden judicial o la restricción del uso de recursos municipales en operativos migratorios.
Las ciudades santuario tienen su origen en movimientos de protección a migrantes que surgieron en la década de los años 80, en un contexto de crisis humanitaria en Centroamérica. Durante esa época, miles de personas huyeron de los conflictos armados en El Salvador y Guatemala, buscando refugio en Estados Unidos. Algunas iglesias comenzaron a ofrecer albergue a los migrantes que llegaban sin documentos, en lo que se conoció como el Movimiento Santuario, informó The New York Times.
San Francisco fue una de las primeras ciudades en institucionalizar esta protección, al declarar en 1989 que no utilizaría recursos locales para hacer cumplir las leyes de inmigración. The Washington Post señala que, con el tiempo, otras ciudades y estados adoptaron medidas similares, estableciendo políticas que protegían a los migrantes de la deportación y limitaban la cooperación con el gobierno federal.
El sociólogo Ernesto Castañeda, de American University, explicó a BBC Mundo que el concepto de santuario es simbólico porque no existe una ley federal que impida las redadas migratorias en estas ciudades. “No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señaló. Esto significa que, aunque las políticas locales pueden dificultar el accionar de ICE, no garantizan un blindaje absoluto contra la deportación.
Cuáles son las ciudades santuario en Estados Unidos
Varios estados y ciudades en Estados Unidos han adoptado políticas de santuario. The New York Times menciona que California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington son algunos de los estados con regulaciones que limitan la cooperación con ICE. Además, ciudades como Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles han promulgado ordenanzas que prohíben el uso de recursos municipales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Por otro lado, varios estados han implementado leyes antisantuario, que obligan a los gobiernos locales a colaborar con las autoridades federales de inmigración. Texas, Florida, Georgia, Alabama, Tennessee y Iowa están entre las jurisdicciones que han aprobado normativas que restringen la autonomía de los gobiernos locales en esta materia, según The Washington Post.
La actual política migratoria de las autoridades federales
Desde el inicio de su mandato, la actual administración ha impulsado medidas para endurecer la política migratoria y aumentar las deportaciones. Uno de los ejes principales de su estrategia ha sido la eliminación de protecciones para los migrantes indocumentados en ciudades santuario y la aplicación de redadas en zonas con alta concentración de migrantes.
The Washington Post informó que el Departamento de Justicia ha emitido un memorando en el que ordena investigar y procesar a las autoridades locales que no cumplan con las nuevas normativas migratorias. Además, el gobierno ha amenazado con retirar fondos federales a aquellas ciudades que se nieguen a cooperar con ICE y otras agencias federales.
Chicago ha sido una de las primeras ciudades en enfrentar redadas de ICE, junto con otras urbes como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Miami y Atlanta. The New York Times reportó que múltiples operativos fueron llevados a cabo en los últimos días en estas jurisdicciones, con agentes federales buscando a migrantes con órdenes de arresto activas.
El sociólogo Ernesto Castañeda explicó a BBC Mundo que el gobierno federal está aplicando presión directa sobre las autoridades locales para que colaboren con las deportaciones. Según el experto, funcionarios del gobierno han visitado distintas ciudades para supervisar las oficinas de ICE y acelerar las redadas.
The New York Times señaló que muchas familias han cambiado sus hábitos diarios por miedo a la deportación. Algunas han evitado acudir a hospitales, reportar delitos o incluso enviar a sus hijos a la escuela. Líderes comunitarios han advertido que la situación está afectando la educación y el bienestar emocional de los niños migrantes.