El líder político cuestiona al gobierno por poner en riesgo la propiedad privada y la seguridad jurídica al mantener esa cláusula.
Reyes Villa en una de sus visitas como alcalde de Cochabamba. Foto: MFRV
Boris Bueno Camacho / La Paz.
El alcalde de Cochabamba y jefe nacional de Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB – Súmate), Manfred Reyes Villa, se sumó a las críticas expresadas por sectores políticos y económicos a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) de este año, que dispone la confiscación de productos a los actores de la cadena de distribución de productos si es que se verifica la comisión de los delitos de agio y especulación.
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La cuestionada disposición adicional séptima de la Ley 1613 reza que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Al respecto, Reyes Villa, cuestionó la intención gubernamental de castigar aún más a los sectores económicos mediante esa cláusula, los cuales sufren el rigor de la crisis que atraviesa Bolivia. “En un período tan difícil de la economía del país y de la gente, se pretende mediante Decreto que aprueba el Presupuesto General 2025 atemorizar con la Disposición Adicional séptima de esa norma, que dispone la confiscación y decomiso de productos a empresas y, finalmente, afecta a alrededor de 40 000 empresas y a más de dos millones de microempresarios y emprendedores”, escribió en su cuenta de la red social X.
Empresarios, productores y gremiales alertaron sobre las consecuencias de esta disposición que pone en riesgo el derecho a la propiedad privada y abre paso a actos discrecionales de los funcionarios que tendrán la misión de ejecutar dicha norma mediante la confiscación de bienes si estiman que existe alguna práctica irregular; este aspecto es también observado por el jefe nacional de APB – Súmate, porque afecta la inversión y promueve la inseguridad jurídica en un momento difícil para la economía del país.
“Este tipo de decisiones deben ser consensuadas para evitar generar incertidumbre a millones de bolivianos. Por el contrario, se debería trabajar en brindar seguridad jurídica y no sembrar temor. Por propia voluntad y antes de que sea demasiado tarde, este Gobierno debe derogar esa disposición atentatoria. Instamos también a la Asamblea Legislativa a que busque y encuentre los mecanismos e instrumentos para frenar estos mandatos escondidos en medio de asuntos de interés nacional como lo es el Presupuesto”, puntualizó.
Al no haber sido aprobada por la Asamblea Legislativa en el plazo constitucional de 60 días, La Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 entró en vigor el pasado 1 de enero. La Comisión de Planificación de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones y lo remitió al pleno para su tratamiento, pero, por el receso legislativo de fin de año no fue tratado; por tanto, el gobierno la publicó en la Gaceta Oficial, tal cual establece el numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado.