El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ubicó a Bolivia en el puesto 133 de 180 países; juristas y expertos en derechos humanos advirtieron que el Gobierno normalizó esos informes que dan una baja calificación al país y no realizó ninguna acción para revertirla.
Fuente: ANF
El abogado experto en Derechos Humanos Franco Albarracín, en contacto con la ANF, consideró que esos reportes no son aislados y se suman a las que emitieron organismos internacionales como Naciones Unidas. Cuestionó que el Ejecutivo no se inmute frente a esa problemática.
“El problema es que estos estudios van saliendo desde hace más de siete años y el Gobierno ha ido normalizándolos al extremo de que, cuando salen estos resultados catastróficos y que en cualquier país sería motivo de renuncia, ni siquiera llega a inmutarse. Además, los esfuerzos para que esa situación cambie son mínimos, son inexistentes”, afirmó.
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El lunes, Transparencia Internacional (TI), organización no gubernamental con sede en Berlín – Alemania, presentó el IPC en el cual situó a Bolivia en el puesto 133 de 180 naciones que fueron evaluadas. Perdió un punto con relación al año pasado, alcanzando sólo un total de 28 puntos, donde 0 es mayor corrupción y 100 menor, ubicando al país entre los países más corruptos del mundo.
Al respecto, el abogado penalista Eusebio Vera indicó que la administración de Luis Arce ya no tiene tiempo para realizar cambios en la lucha contra la corrupción o que se encuentre alguna solución estructural en la justicia.
“Estamos apenas a seis meses para que concluya esta gestión de gobierno de Luis Arce, es muy preocupante y no habrá ninguna solución en esta gestión, eso es imposible. Hay que reconocer y lo han calificado como uno de los peores gobiernos, entonces, creo que ese calificativo no está fuera de la realidad”, manifestó el jurista.
Albarracín coincidió con ese punto de vista y señaló que el Gobierno perdió la oportunidad para que los próximos informes con relación a ese tema mejoren. Aunque consideró que tiene la opción de marcar un lineamiento con el fin de que la siguiente administración impulse políticas de lucha contra la corrupción.
“¿Cuál es el problema? Que no lo está haciendo ¿Y cuál es el problema más grande? Que está profundizando la crisis manteniendo el control de jueces y fiscales. Siguen vulnerando el estado de derecho, restringiendo el acceso a la información, información ambiental como en el caso de los contratos de litio”, advirtió.
Por otra parte, los países menos corruptos del continente, según ese estudio, son Uruguay con 76 puntos y Canadá con 75. Entre tanto, las naciones más corrompidas son Venezuela con un puntaje de 10, Nicaragua con 14 y Haití con 16.
Otras observaciones
Vera indicó que los altos índices de corrupción generalmente se presentan en los gobiernos de izquierda, tal como ocurre en Venezuela, Nicaragua y otros. En el caso del Estado boliviano, el Movimiento Al Socialismo (MAS) solo trató de cambiar las políticas, pero no lo logró.
“Los gobiernos de tendencia y dependencia izquierdista, como es el MAS, durante toda la época que ha gobernado ha tratado, vamos a llamarlo así, ha tratado de vencer este mal endémico que aqueja a la humanidad, pero no lo ha logrado”, manifestó.
Por otra parte, Albarracín indicó que esos informes pueden ahuyentar el capital extranjero tomando en cuenta que los inversionistas consultan estos reportes con el objetivo de identificar si existen garantías jurídicas.
“Estos informes son referentes para entidades financieras de organismos internacionales, para empresas que puede tener algún tipo de intención de invertir en Bolivia. Entonces, nadie va a querer invertir en Bolivia porque el Estado va a emprender una acción de hostigamiento, ya sea tomar empresas de manera ilegal o cobrar impuestos de manera desproporcional”, indicó.
El IPC mide la percepción de cuán corrupto es el sector público de cada país, de acuerdo con expertos y personas dedicadas a los negocios, según la explicación de Transparencia Internacional
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