Sobre los gremiales representados por Rodolfo Mancilla, afín al Gobierno, consideró que engañan a sus afiliados con una propuesta de decreto, cuando lo que se requiere es una ley que disponga la anulación, ya que no pueden permitir que el decomiso se vuelva en un robo.
eju.tv / Video: Gigavisión
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, indicó este viernes que cerca de 50 sectores, entre empresarios, cívicos, comerciantes, transportistas, entre otros, participarán del paro movilizado, prevista para el lunes 10 de febrero, para exigir se derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Advirtió que no se descarta radicalizar las medidas de presión.
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“El paro nacional movilizado está ratificado para el 10 de febrero del presente año, en todo el territorio nacional. Cada sector tiene particularidades diferentes. La Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia va a marchar, se va a movilizar hasta en las provincias”, afirmó González.
Dijo que en ese entendido, les recuerda a la población que se exige la derogación de la disposición adicional séptima y que se le dé una solución a la crisis económica que se vive en el país, por la falta del dólar, diésel, gasolina y por el alza de los productos en general.
Mencionó que en el encuentro multisectorial participaron más de 45 organizaciones del nivel nacional, departamental, municipal, al que además se sumarán cuatro comités cívicos del país, porque también están preocupados por la vigencia de la norma, por tanto, son los que se movilizarán.
Sobre los gremiales representados por Rodolfo Mancilla, afín al Gobierno, consideró que engañan a sus afiliados con una propuesta de decreto, cuando lo que se requiere es una ley que disponga la anulación, ya que no pueden permitir que el decomiso se vuelva en un robo.
Advirtió que en el caso de que el Gobierno no derogue, la próxima medida a asumir será acatar huelga de hambre, entre otras. Al respecto, en días pasados, el Gobierno manifestó que están abiertos al diálogo, pero para reglamentar la norma, ya que no es de su competencia derogar normas, sino de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
