Marcelo Chinche Calizaya Ph.D.
La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA) nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de los múltiples incidentes y fallas técnicas en sus aeronaves; poniendo en tela de juicio no sólo la seguridad de sus operaciones, sino también la falta de conocimiento en materia de aeronáutica civil traducida en un cumulo de anomalías administrativas, operativas y financieras; además de la omisión de transparencia respecto a los continuas denuncias y reclamaciones presentadas por deficiente servicio ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Estamos presenciando el inminente colapso de la única aerolínea que controla las rutas domésticas del país, gracias a un ignominioso e impresentable “monopolio” construido desde el gobierno central para sesgar, limitar y ahuyentar la competencia de empresas privadas; favoreciendo el manejo discrecional y arbitrario en el incremento de pasajes, itinerarios casi siempre con demoras y cambios de horario abusivos a los que deben someterse los usuarios porque “no tienen otra opción” y están obligados aceptar las condiciones de un servicio que a más de uno fastidia y avergüenza.
Por si esto fuera poco, la pronta atención y reclamos dispensados (cortesía y buen trato humano) en salas de embarque y en aeronaves da mucho que desear por parte de funcionarios y sobrecargos. Probablemente, lo que más incomoda es oír el impertinente eslogan: “Gracias por elegir Boliviana de Aviación”, siendo que éste no satisface mínimamente las expectativas, pues para nuestro infortunio, estamos obligados a optar por este medio de transporte.
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Desde su creación en el 2007 y posterior inicio de operaciones en 2009, BOA siempre fue beneficiada y aventajada por un gobierno que, mediante una serie de artilugios y estratagemas de prácticas desleales de control del mercado aéreo, fue estrangulando las iniciativas e inversiones de aerolíneas privadas que ofrezcan mejor servicio, calidad, eficiencia y, principalmente, mayor cobertura y competitividad.
Ejemplos de este accionar pernicioso, constituyen la otrora emblemática línea bandera nacional Lloyd Aéreo Boliviano (LAB); AEROSUR y AMASZONAS que, más allá de ahondar en el desprestigio y credibilidad de la aviación comercial del país, también terminó por demostrar la falta de capacidad de la estatal BOA para satisfacer y posicionarse como una aerolínea confiable, exitosa y segura.
El LAB tras su privatización el 2007 dejó de operar por una crisis económica y quiebra técnica; cuyos intentos fallidos de sobreponerse y reanudar operaciones el 2009 y 2012 –búsqueda de recertificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)-, no fue posible por la existencia de una exorbitante deuda fiscal ante Impuestos Nacionales. Aerosur fundada en 1992 y ampliamente destacada por su cobertura en rutas nacionales e internacionales, también tuvo que afrontar un entorno económico adverso de problemas financieros internos y deudas tributarias impositivas que terminaron por llevarla a la quiebra y desaparición en el 2012. Amaszonas correría con la misma suerte, debido a la apertura de un expediente de la Aviación Civil que paralizó abruptamente cuatro de sus aviones, la cancelación de matrículas y posterior revocatorio del certificado de operador aéreo por la DGAC el 2023.
Para desventura de los usuarios, BOA tiene como marca registrada su falta de puntualidad y cumplimiento de itinerarios programados, las cuales son modificadas sin previo aviso alegando una serie de excusas las más de las veces atribuibles exclusivamente a la empresa; las continuas demoras o cancelaciones de vuelos y la pérdida de equipaje; la falta de seguridad de sus operaciones a consecuencia de fallas técnicas o aterrizajes turbulentos que, en este último tiempo, generaron zozobra, extrema preocupación e incertidumbre ante los riesgos latentes. Sin duda, el conglomerado de historial de incidentes acumulados que ascienden a más de 40 eventos desde que inició su actividad (fallas técnicas, aterrizajes de emergencia y otros desperfectos), cuestionan la seguridad de sus operaciones, así como errores en los procedimientos de mantenimiento de una flota de aviones, cuya obsolescencia no ha sido resuelta exitosamente por la incompetencia, deficiente política de modernización y falta de transparencia en el contrato de seguros y alquileres de aeronaves.
Ojalá se entienda que no se puede ser “juez y parte” a momento de administrar, regular y fiscalizar el sector aeronáutico nacional por parte de un Estado que debe exigir y garantizar un servicio de transporte en apego a los más altos estándares de control y seguridad; la implementación de políticas de “cielos abiertos” para el ingreso de nuevas aerolíneas e incentivar la libre competencia en el sector; la exigencia de renovación y modernización continua de la flota y, principalmente, la eliminación de privilegios y prácticas desleales que deben constituir el punto de partida en la recuperación de la imagen, credibilidad y confianza en el sistema aéreo del país.
Marcelo Chinche Calizaya Ph.D.
DOCENTE e INVESTIGADOR
COLUMNA ENTRELINEAS – C.I. 4391643-Cbba