El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel Salazar, ha calificado la Cumbre por la Democracia como «histórica» y destacó que los Órganos Ejecutivo y Legislativo coadyuvarán al Órgano Electoral a garantizar las elecciones generales de 17 de agosto, de manera segura, transparente y libre de toda injerencia. Podría pensarse que los principios de cooperación y coordinación entre Órganos no funcionan por voluntad política e ideológica del sistema de gobierno de los 20 años.
En democracia el poder se ejerce conforme a la Constitución y el Derecho Convencional y de manera abierta, Plural, social, equilibrada y humana. Y tratándose del Órgano Electoral la legalidad e imparcialidad no es posible poner en riesgo estos principios, si se quiere la respetabilidad y credibilidad de la población. Más de una vez el TSE no ha extinguido la personería jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS), han omitido que los resultados del referéndum 21f sea incumplido y esa violación no fue suficiente para «inhabilitar» a la cúpula de dirección del MAS; la SCP 084/2017 de 28 de noviembre emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que interpretó equívocamente el artículo 32 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) que la OC 028/2021 de la Corte IDH glosó que la reelección indefinida para presidente no es un derecho humano, y el dictamen de los auditores de la OEA a solicitud de Evo Morales Ayma entonces todavía presidente, que estableció que en diversas actas de la elección general de 2019 hubo manifiesto fraude por el partido del MAS, lo que ocasionó su renuncia y exilio dorado en México y posteriormente en Buenos Aires, no fueron acciones para ilegalizar esta organización despótica y antidemocrática. Se puede caer tan bajo por mantener viva esta célula política vinculada al Estado Mayor, allí donde se produce coca materia para la cocaína y clorhidrato. Este debería ser el punto central a tratar por los partidos opositores al MAS.
En un sentido conminatorio, se acuerda con respecto a la preclusión, que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), apruebe hasta antes de la emisión de la Convocatoria a elecciones generales un proyecto de ley para que el «órgano electoral» «no se subordine a ningún otro órgano», relacionado con las habilitaciones, inhabilitaciones en alguna fase del proceso electoral.
Entonces, muy a las claras estamos ante una confesión de parte, que en Bolivia el Órgano Electoral no es tan Supremo ni independiente en sus decisiones. Preocupa que teniendo jurisdicción nacional conferido por la Constitución para organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados, empuje a la ALP a desconstitucionalizar lo constitucionalizado o, en otros términos, a subconstitucionalizar sus responsabilidades.
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Se puede observar que el TSE pasa por una realidad frágil o ante una premonición de injerencia furtiva de los cinco magistrados re autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que con su mayoría cualificada de facto, a simple consulta de los dos re autoprorrogados del Tribunal Supremo de Justicia representantes de los Departamentos de Pando y Beni «paralicen el proceso electoral» determinando la «autoprórroga del presidente y vicepresidente» y para que no haya vacío en la ALP continúe en su ejercicio legislativo con las mutilaciones fiscalizadoras.
Cabe señalar, que la Asamblea Legislativa Plurinacional se obliga a modificar la ley 044 de Juicio de Responsabilidades para Autoridades, norma que incluirá a los Vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que, en caso de ser procesados el juicio no sea ordinario, sino en juicio de responsabilidades. La pretensión data de tiempo atrás de contar con un aforo especial que, si bien su legitimidad no viene de una elección popular, pero es cierto que son elegidos por los Senadores y Diputados que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria pública y pruebas de méritos y exposición de plan de trabajo, con la excepción del vocal designado directamente por el presidente, procedimiento que demerita el privilegio especial. En todo caso, los asambleístas tendrán que examinar por qué la expresidenta interina por sucesión constitucional, Jeanine Añez, por decisión política enfrenta juicios por la vía ordinaria y no por regulación de la Ley 044.
Si es una Cumbre por la Democracia, los acuerdos prioritarios deberían pasar previamente corrigiendo esta y otras tropelías con autoridades nacionales y departamentales, y reclamando la vigencia sin discriminación de la «presunción de inocencia» cancelada contra más de 300 presos políticos
Nadie levantó la voz para que la Asamblea Legislativa Plurinacional dicte una Ley de «Amnistía general e irrestricta» para que retornen al país más de 12.000 bolivianos exiliados desde hace dos décadas, y tampoco abogaron por los migrantes que son deportados del país por faltas de oportunidades y fuentes de trabajo.
Aunado a la abstención de la oposición en temas vitales para la democracia y que el pueblo esperaba como la auditoria al padrón electoral por la denuncia de la exvocal Rosario Baptista Canedo, que en su carta de renuncia en 13 de noviembre de 2021 categóricamente dijo: «El Tribunal Supremo Electoral no es independiente ni imparcial está «secuestrado por intereses ajenos a la democracia» y que no está dispuesta «a ser cómplice de todo este sistema ni a legitimarlo».
Según la exvocal Baptista en las elecciones generales de 18 de octubre de 2020 en la que fue proclamado ganador Luis Arce Catacora con el 55%, señaló que «la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas no sólo a través del resultado electoral, sino a través de la información que brinda a la ciudadanía para perpetuarse en el poder el partido gobernante. Esta frase, inocultable y exponente de la verdad como valor fundamental «demuestra que en el TSE existe una trama con arte de magia» y encumbran al trucho de Arce Catacora como presidente, sin que la voluntad popular haya sido respetada con un mínimo de transparencia.
Es indignante que en versión de la Dra. Rosario Baptista Canedo, se denuncie en carta pública que «el TSE está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos de la misma manera que están los demás poderes del Estado», conste que se refiere a los actuales vocales del TSE, y que todavía tienen la intrepidez y cinismo de pedir a la ALP se emita una ley especial para que «el Órgano Electoral no se subordinará a ningún otro órgano referente al proceso electoral, esto es como aullar en la cueva del león en auxilio de sus vidas después de muerto el depredador.
Por tener la valentía de denunciar que el padrón electoral de 2020 está inflado en un millón y medio de sufragantes y pedir a la Organización de los Estados Unidos audite el padrón electoral empleado en los comicios electorales de 2020, la exvocal Baptista Canedo fue sometida a procesos disciplinarios internos. Así se invierte el caso, en que la denunciante es sindicada por faltas y delitos electorales sin un ápice de apología del delito y los denunciados en acusadores precipitando su exilio en Colombia. Ese es el Estado del TSE subordinado e imparcial. Por eso, ¿aceleran para ser sujetos de juicios de responsabilidades?
Debe considerarse como de perogrullo que, los candidatos presidenciales que se proclaman ser tenaces opositores y que van a transformar la pobreza y situación de crisis del país en condiciones de vida, trabajo e inversiones que garanticen un desarrollo integral y transversal en la economía, salud, educación, seguridad jurídica y soberanía en la cuna del Estado Mayor cocalero (Trópico de Cochabamba), en forma censurable han «eludido la responsabilidad de salvaguardar el ejercicio del del derecho político al voto libre, igualitario y controlado con delegados políticos y observadores internacionales. En esta región sin ley ni autoridades policiales, se mueve el fugitivo Evo Morales para evitar ser aprehendido por la voluntad política inexistente del ministro de gobierno, pero lo más vergonzoso es que el TSE siga permitiendo que en estos asientos electorales del Trópico de Cochabamba los jurados, jueces, fiscales y escrutadores al ser militantes del MAS dan por bien hecho los resultados (llenado de ánforas, traslados, doble votación, voto consigna, sufragio acompañado, suplantación de firmas, presión y extorsión), en suma una dictadura electoral y para los observadores internacionales son normales sin incidentes.
En este sentido, sólo desde una cándida ingenuidad se puede pensar que los partidos de oposición que promueven el voto igualitario campo ciudad, se inquietaron por la emisión de una ley expresa que prohíba la validez del voto en las circunstancia descritas anulando todas las mesas con esas anomalías graves y degradantes para la democracia o, para superar definitivamente este escenario la ley regule que la votación que corresponde a poblaciones del Trópico de Cochabamba se realice en forma anticipada (24 o 48 horas en la ciudad Capital). La misma regla se aplicaría en establecimientos electorales donde el voto es colectivo en La Paz y otras regiones.
Recordemos que Concepción Montiel, Luis E., ya expuso estas preocupaciones al enfatizar que, «Un régimen no puede ser democrático si no se garantiza de manera formal a todos los ciudadanos sus derechos de participación política
Una buena democracia debe garantizar que todos los ciudadanos hagan uso de derechos tales como de votar, organizarse, participar en asambleas, protestar, cabildeo con otros actores para defender sus intereses, así como tener la posibilidad de influir en los procesos de tomas de decisiones».
Ahora bien, «No puede haber convivencia sin libertad, sin derechos somos esclavos de las leyes precisamente por ser libres como nos enseña Cicerón». Asimismo, ocioso es decir que lo jurídico y lo justo no siempre coinciden, pero podemos afirmar sin mucho riesgo, que sin lo jurídico está muerta toda esperanza de lo justo.
En procesos electorales, «el imperio de la ley no admite cesiones, su capacidad para decir no frente al abuso, su vocación por la libertad y la justicia son innegables, dejó este mensaje Abraham Lincon.
Pedro Gareca Perales