En estos veinticinco años del siglo XXI, nos muestra que la vida social, política, económica financiera y los sistemas jurídicos que gobiernan los Estados están en crisis acelerada, unas veces por dominio imperial expansivo a cualquier costo humanitario, otras por la unificación de poderes en el ejecutivo, y también en razón de las corrientes ideologizantes que encontramos en diversos países de los cinco continentes, este último componente no renuncia en multiplicar las nuevas burocracias capaces de entregar las riquezas naturales a cambio de la pobreza y consiguiente quiebre de la democracia y la justicia.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): compuesta por los países de Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, y los BRICS.: integrados por Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajistán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia y Uzbekistán considerados como economías emergentes, con un alto potencial financiero y tecnológico con perspectiva de dominar todos los espacios internacionales, a través de convenios y contratos sobre yacimientos de gas, oro, litio, piedras raras y otros, constituyen dos polos con visiones diferentes en sus objetivos de seguridad.
Las pruebas militares de la OTAN se realizan para garantizar la seguridad de sus territorios y libertad de sus miembros, y para estar preparados ante amenazas potenciales que pudieran activarse desde los chinos y rusos. Los objetivos de ejercicios militares por tierra, aire y mar, son para adquirir entrenamiento de sus fuerzas combinadas, puntualizar la estructura de las unidades para la situación combativa prevista, garantizar la interoperabilidad entre los participantes aliados, valorar las reformas que han tenido las tropas para garantizar su defensa, y para persuadir el uso de armas nucleares. En todo caso, estas prácticas del poderío militar de ambos bloques ponen en riesgo que en cualquier momento se active una tercera guerra mundial, que sería el holocausto para la humanidad. La Guerra Fría que sigue en escalada, podría desconectarse si Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, llega a buscar acuerdos entre Putin y Zelensky para acabar con la guerra, y comenzar la reconstrucción de Ucrania y sus instituciones democráticas. El acuerdo, si se diere a corto plazo, no deberá afectar la responsabilidad de Putin, los militares de su entorno y del Consejo de Seguridad por crímenes de guerra; por el contrario, la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) debe ejecutarse con la cooperación de los países miembros del Estatuto de Roma.
La justicia internacional por crímenes de guerra no puede ser refugio para criminales, sino la carceleta que les espera en la CPI para pagar los daños causados a la humanidad. La Corte Penal Internacional es independiente en sus funciones y no puede estar subordinada a líderes de potencias que promueven clemencia a los responsables de devastación de poblaciones enteras.
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Rusia es uno de los miembros fundacionales de los BRICS, pero ese estatus no le ha hecho temblar la mano al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo (TEDH), para abrir competencia del caso Nóvaya Gazeta y otros, y condenar a este país a pagar a los demandantes por concepto de daños y perjuicios 7.500 euros (7.739 dólares), por los daños no pecuniarios 850 euros (877 dólares) a cada demandante por gastos del proceso, al comprobar que la legislación rusa tipifica como delito desde marzo de 2022, que los medios de comunicación se encaminen a desacreditar al aparato militar o «divulgar información falsa» sobre sus acciones en la guerra contra Ucrania, sobre cuya base señala que Rusia al encarcelar a 178 personas y prohibir a dos Agencias de comunicación la libertad de expresión o el derecho a la información, sin ningún esfuerzo por equilibrar los intereses de seguridad nacional con los derechos de los medios de informar al mundo lo que está ocurriendo en el conflicto armado, con acusaciones de crímenes de guerra, ha violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La decisión del TEDH también alcanza, condenar a Rusia por la prohibición de ejercer un trato humano o la violación del derecho a la libertad y la seguridad en relación con los arrestos, redadas y las condiciones de detención a las afectadas por estas medidas contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos; aunque Rusia haya sido expulsada del Consejo de Europa en marzo de 2022.
China otro país influyente poderosamente en la economía mundial y particularmente en los BRICS, ha encontrado en Bolivia su mejor aliado estratégico para invertir en la explotación del oro, carreteras, ductos, estudios geológicos de gas, y ahora en la producción del carbonato de litio en el Salar de Uyuni, imponiendo las cláusulas de inversión y rentabilidad como si fueran los dueños territoriales junto a Rusia de las reservas de litio en Uyuni.
Bolivia como miembro de los BRICS, no ha hecho respetar la democracia ni la justicia de Potosí y de todo el pueblo boliviano, al firmar el presidente Arce Catacora y la autoridad máxima de Yacimientos del Litio Boliviano, Omar Alarcón los convenios con la Empresa China Hong Kong CBC Invesment Límited y la rusa Ucraniun One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, empleando salmuera residual con tecnología EDL., que según los expertos se trata de una tecnología no aplicada en el tiempo.
Con acusaciones de soborno, la Comisión de Economía Plural ha aprobado los convenios con las empresas indicadas, no obstante, la serie de irregularidades observadas en las plantas en Uyuni y sin responsables de los daños causados.
En consecuencia, los contratos firmados por el gobierno y las empresas de China y Rusia pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son nulos de pleno derecho y quienes lo hayan acordado, firmado y aprobado o ejecutado cometerán delito de traición a la patria según prescribe el art. 373.II de la Constitución Política del Estado. Adicionalmente, ningún contrato puede ser firmado en perjuicio de los intereses de la población boliviana, si el Estado garantiza el uso del agua y medio ambiente para la vida de los habitantes y las comunidades indígenas (arts. 374.I.II y 378. I de la CPE). La producción del carbonato de litio está marcando una nueva era en los mercados internacionales, su demanda es creciente para baterías de autos eléctricos, celulares y ordenadores portátiles debido a su reconocida conectividad eléctrica y gran densidad energética.
El rechazo del Comité Cívico de Potosí, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición en las cámaras de la ALP tienen su fundamento y exigen la aprobación de una ley específica que regule la explotación del carbonato de litio y al ser un recurso estratégico y esencial para el desarrollo integral económico y social del país, requiere no sólo del consentimiento libre e informado de las 20 comunidades, sino de la consulta de un referéndum aprobatorio que puede introducirse simultáneamente en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025.
En una reciente nota, Golmand Sachs prevé que «el precio al contado del carbonato de litio se sitúa en los próximos 12 meses en los 34.000 dólares la tonelada, frente a la media actual de 53.000 dólares y que la oferta actual aumente hasta 2025 en 34%, frente a una demanda del 25%».
La empresa australiana Infinity Lithium una de las más competitivas del mundo invierte hasta 1.430 millones de dólares en la explotación del litio en Extremadura y Cánceres y con un proceso muy avanzado sin riesgo de medio ambiente y 900 millones en pago de impuestos, creación de 600 empleos y 60 a plazos fijos.
Pedro Gareca Perales