El argumento principal que esgrimían los promotores de la Ley 045 “Contra toda forma de discriminación y racismo” era que una vez aprobada la misma, los niveles de los actos discriminatorios y el racismo iban a disminuir en el Estado Plurinacional.
Fue una de las leyes más resistidas. El gremio de la prensa a nivel nacional protagonizó una serie de movilizaciones, asumiendo que algunos de los articulados de la Ley 045 violaba el principio constitucional de la libertad de expresión.
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La discriminación en todas sus formas ha acompañado el proceso histórico de nuestro país: desde el pongueaje, la servidumbre, la falta de acceso a la educación de los guaraníes, guarayos, quechuas, hasta las modernas formas de desprecio al ser humano, principalmente a la mujer y en los últimos tiempos la ley sirvió para todos los pretextos.
Todo es discriminación o racismo, lo que implica que la Ley 045 ha empoderado un discurso político, más allá que la violencia racial y las acciones de discriminación las hay en la escuela, en la universidad, en los ministerios, en las alcaldías, en las iglesias, en las familias, en la sociedad en su conjunto.
Al fin y al cabo se la usa como arma política para denunciar o tratar de imponer ciertas corrientes discursivas, por ejemplo, a pesar de haber estado 14 años en el poder, siendo un presidente todopoderoso, ahora que busca ser candidato, señala de forma permanente que lo quieren inhabilitar por su condición indígena, que es un acto de discriminación que me quieren hacer. Y de forma permanente se declara víctima del gobierno, del imperio, de la derecha.
En los últimos días, estamos siendo testigos de hechos de alto calibre de violencia política y racial, en algunos de ellos actúan de forma inmediata fiscales, jueces, el Defensor del Pueblo, con fuertes repercusiones mediáticas, pero en otros casos, las autoridades desaparecen del escenario, debido a que alguien del gobierno o del MAS está involucrado en esos hechos.
En el caso de las tunas, de ese par de hombres atrevidos que insultaron y agredieron a una señora, el cual fue conocido gracias al celular de otra persona que los filmó y difundió, se hizo cuestión de Estado: rápida actuación de la justicia, el presidente Arce la recibió a la señora, detuvieron a los agresores, hubo inspección de autoridades al lugar, etc. Condenable el accionar de ese par de hombres.
Las desafortunadas y vergonzosas declaraciones del Alcázar, se merece el rechazo más absoluto, mas allá que hizo uso de su libertad de expresión, pero que sirvió para que intelectuales, analistas, politólogos y tantos logos se pronuncien sobre el tema, pero también resucitó el Defensor del Pueblo, pidiendo un proceso rápido por racismo. Con seguridad será citado por la justicia. Ojo que debemos entender que la libertad de expresión tiene su límite cuando se despiertan los demonios del odio o de los insultos.
Ambos casos han reabierto las heridas del odio racial que hay entre las clases sociales en Bolivia, aspecto que no se ha superado y que probablemente se ahondará cada vez más, porque desde el poder cultivan la polarización social y racial. Además, con un proceso electoral en marcha.
Pero hay dos casos muy delicados y graves que no están mereciendo el mismo tratamiento periodístico, ni la atención de las autoridades competentes. Al parecer pasaron como simples anécdotas, ¿saben por qué? Porque el poder está metido ahí.
El diputado Héctor Arce llamó asquerosa y sucia a la diputada Toribia Lero, mujer indígena, capaz, digna que se merece el respeto; pero que uno de los que arengan el proceso de cambio y que está con los pobres se atrevió a insultarla, pero ni el Defensor del Pueblo, ni las feministas, ni el fiscal de género, ni el gobierno dijo algo, a pesar de que la diputada Lero, es víctima de odio racial y de violencia política. Ella presentó una demanda, que será archivada, como tantos otros, cuando alguien del poder es el autor.
La concejal Silvana Mucarzel, presidenta del Concejo Municipal del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra está sufriendo una brutal y despiadada violencia política de parte de UCS y del alcalde de Santa Cruz, pero nadie se pronuncia ni la apoyan, que por cumplir su función de fiscalización, sin estar de rodillas ante su jefe político, la quieren destituir de forma ilegal. Es una mujer víctima de la ira machista no solo de Johnny Fernández, sino de sus bases sociales, que cuáles lobos enfurecidos se dan el lujo de patear sus oficinas y merodear su domicilio, sin que la policía ponga orden.
Sin duda, la ley 045 es muy importante para todo el país y sus poblaciones, pero que los encargados de hacerla cumplir deben hacerlo de la forma mas correcta posible, no llevándola a los terrenos de la polarización de hacernos enfrentar collas vs. cambas, ricos vs. pobres, citadinos vs. campesinos, indígenas vs. karas, mujeres vs. trans, ateos vs. cristianos, yescas vs. platudos, negros vs. blancos, gordos vs. feos, flacas vs. esbeltas.
Pero lo que hasta el momento se ha perfilado e instalado en el sentimiento colectivo es que la “Ley contra toda forma de discriminación y racismo”, es para acentuar las diferencias sociales y cada vez que se puede levantar las banderas políticas de que porque soy indígena o campesino me discriminan.
La discriminación y el racismo son dos taras sociales que arrastramos desde la colonia y que en el siglo XXI se ha profundizado y ampliado los escenarios y protagonistas, ya sea como víctimas o verdugos de ejercer un acto discriminatorio y de perpetuar o imponer discursos del odio racial.
¿Los fiscales y jueces habrán leído y entendido los alcances de la Ley 045? Tarea para la casa.