En medio de un tire y afloje entre quienes rechazan y quienes los defienden, dos contratos para la explotación del litio, por más de 2.000 millones de dólares, esperan la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En esta instancia también espera ser tratada la Ley del Litio, norma que, a decir de diferentes sectores, debería ser aprobada primero para garantizar que los acuerdos sean justos.
“Estos contratos no fueron socializados, con carácter previo, con la región beneficiaria y ni siquiera con el país. Cuando ya han sido firmados y uno ya ha sido aprobado por una comisión del Parlamento, recién el Gobierno quiere socializar”, dijo la asambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes.
Desde el Gobierno señalan que los contratos son seguros y que se están realizando procesos de socialización en las regiones de las áreas de explotación. Sostienen que los datos que generan conflicto son parte de un tema político.
“Cuando negamos este tipo de contratos, estamos negando el desarrollo de los bolivianos, la esperanza de poder industrializar nuestro litio, de generar conocimiento, tecnología y el posicionamiento de Bolivia en el mercado”, dijo el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón.
Aunque en aceras opuestas, las dos facciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) coinciden en que las regalías son uno de los problemas que deben ser subsanados. Pedido que también llega del gobernador de Potosí, Marco Copa.
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“Como Gobernación no estamos de acuerdo con el 3% de las regalías. Como departamento debemos tener más ingresos por este recurso estratégico que está en Potosí. El departamento le ha dado mucho al país y es hora de que sea tratado de forma preferente”, afirmó.
Los expertos advierten que hay términos desfavorables para el Estado.
La polémica crece amenazando con convertirse en un conflicto no solo económico, sino político y social. Con el fin de brindar información a los lectores, Visión 360 preparó una primera entrega sobre el contenido de estos documentos.
En esta primera entrega encontrará una mirada general e inicial de los contratos, sus objetivos, los montos, etc., y podrá acceder a estos. En los siguientes reportajes de la serie se liberarán los anexos que delimitan los acuerdos y se desglosará cada uno de ellos.
Una polémica de décadas
Héctor Córdova, analista en minería de la Fundación Jubileo y expresidente de la Comibol, explica que hasta 2019, Bolivia tenía un objetivo en la explotación del litio para la fabricación de baterías destinadas a la exportación. El fin principal era sacar al mercado un producto acabado y no solo materia prima, como el carbonato de litio.
“Para ello se había definido una estrategia. Era bastante clara, decía que la empresa del litio trabajaría sola desde la extracción de la salmuera del salar hasta la obtención del carbonato de litio. Solamente se podía unir o asociar a empresas privadas, nacionales o extranjeras, para añadir valor al carbonato de litio… por ejemplo, para fabricar las baterías”, explicó Córdova.
Esa era la estrategia y el objetivo, y en función de ese marco se definió toda una normativa. Se creó YLB y se determinaron sus competencias. Como el objetivo era trabajar en la producción de baterías, se pensó que esto correspondía al área de energía y se radicó el proyecto en el Ministerio de Energías. Cuando esta cartera desapareció, YLB fue trasladada al Ministerio de Hidrocarburos.
Fue por ello que el Gobierno decidió apostar por la construcción de 160 piscinas de evaporación para la extracción de carbonato de litio, con una capacidad de 15 toneladas anuales. Pero, a la fecha, de ese total, solo funcionan 90, porque las otras 70 no fueron permeabilizadas.
Para este sistema, cada año se usan 1,22 millones de metros cúbicos de agua dulce. Entre 2012 y 2021, las ventas solo alcanzaron el 7% de lo previsto y la producción apenas llegó al 15% de su capacidad.
“Pero, ahora, parece que el objetivo ya no es la fabricación de baterías de litio, sino la obtención de carbonato de litio y exportar este como nuestro producto final. Esto cambia todo el objetivo y por lo tanto ya no hay nada relacionado con energía. YLB ya no debería estar en el sector de hidrocarburos, debería volver al sector minero y también debería poder asociarse con empresas privadas”, observó Córdova.
Explicó que al hacer una evaluación de lo que se había hecho hasta 2019, el Gobierno determinó que la tecnología que estaba utilizándose, asociada a la evaporación en piscinas, no era eficiente porque recuperaba solamente un 20% del litio que se extraía del salar. El 80% queda en la salmuera residual.
“Entonces se buscó a alguien que provea una tecnología distinta, una que permita extraer litio con mayor eficiencia, que brinde una mayor recuperación y en menor tiempo. En el caso de las piscinas, el tiempo que se tarda en obtener el carbonato de litio, desde la extracción de la salmuera, es de más de dos años. Con una recuperación tan baja, parece lógico pensar en una tecnología distinta”, explicó.
La tecnología por la que se optó es la extracción directa de litio (EDL). En esa búsqueda fue que el Gobierno encontró, como posibles socios, a la empresa rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC Investment Limited, con las que ya firmó dos contratos. Ambos esperan su aprobación en la ALP. Mientras que en uno se crea una sociedad accidental, en el otro se contratan servicios.
El contrato ruso
Este contrato fue firmado el 11 de septiembre de 2024, entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group. La compañía es parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica “ROSATOM”, responsable de la implementación del centro nuclear en Bolivia.
Según el documento, al que Visión 360 tuvo acceso, el objeto del contrato es la constitución de una Asociación Accidental para el desarrollo, construcción e implementación de la “Planta de extracción directa de litio y sus ampliaciones”. El proyecto se realizará en tres etapas, de forma escalonada. YLB tendrá el 51% de las acciones.
“El contrato con la empresa rusa es un contrato en el que se crea una sociedad accidental que tiene una vigencia corta, pero en el que se habla de que al término de ese se harán otros para la operación, mantenimiento, comercialización y conciliación”, explicó Córdova.
La primera fase consta de una planta con capacidad de hasta 1.000 toneladas de carbonato de litio al año. La segunda consiste en una primera ampliación de un módulo semi industrial con una capacidad de producción de hasta 8.000 toneladas anuales. Para concluir el proyecto, en una tercera fase, se procederá con una segunda ampliación con capacidad de 5.000 toneladas al año.
En el contrato se estipula que con la tecnología de EDL se debe tener una recuperación de materia prima mínima del 80%.
“Con la tercera fase se llegará a 14.000 toneladas anuales. Pero, para ello hay un proceso exigido por la empresa rusa: la exploración del salar para determinar si hay suficiente litio, con la calidad que ellos requieren, para su tecnología. La tercera fase está condicionada a esto. Lo que está más o menos seguro es la producción de 1.000 toneladas y después 8.000 más, lo que suma 9.000 toneladas por año”, dijo Córdova.
De llegarse a las 14.000 toneladas, hasta 2028, se “invertirían” más de 970 millones de dólares. La modalidad de esta inversión es la que genera interrogantes. Y es que en el contrato se menciona que tras la transferencia de la planta al Gobierno se devolverá la inversión.
En el anexo económico se establece un “importe de retorno de la inversión”, por medio de los costos recuperables, que incluirán todos los costos asumidos y registrados por Uranium, los cuales incluyen: los costos de capital, y los impuestos y aranceles asumidos por la rusa en la construcción de la planta.
“Es decir, es un crédito, un préstamo que tenemos que devolver”, dijo Córdova.
Respecto a este punto, el viceministro de Industrialización, Álvaro Arnez indicó: “Definitivamente, ni CATL (grupo chino) ni Uranium One son la madre Teresa de Calcuta, que van a venir a donar ese dinero. Ellos van a inyectar esa plata y hay que devolverla”.
El analista de la Fundación Solón, José Carlos Solón, señaló que para que el contrato de la sociedad accidental entre en vigor, la ALP debe aprobarlo. “Adicionalmente deben suscribirse otros tres contratos: el de Operación y Mantenimiento, el de comercialización, y el de conciliación (cláusula décimo primera – Vigencia y Plazos). Estos adicionales tendrán una vigencia de 20 años renovables”.
¿Y el grupo chino?
“Este contratoes distinto. El contrato con el grupo chino es un contrato de servicios. Se contrata CBC para construir una planta y para que opere esa planta durante un buen tiempo”, manifestó Héctor Córdova.
Este segundo contrato se firmó entre YLB y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, el 26 de noviembre de 2024. El objetivo principal es la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de EDL y otra de salmuera residual.
De acuerdo con el contrato, la planta de salmuera residual, en su Fase I, deberá producir carbonato de litio grado batería, con una capacidad de producción de 10.000 toneladas anuales y una tasa de recuperación mínima del 80%. En la Fase II, la producción debería subir a 15.000 toneladas anuales.
Asimismo, la planta EDL, en su Fase I, deberá producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, con una tasa mínima de recuperación de 80%. Para la segunda fase esta capacidad se mantiene.
En ambas plantas la inversión alcanza los 1.030 millones de dólares. Estos costos, al igual que en el contrato con la empresa rusa, deben ser recuperados.
“Lo llamativo en este caso es que con una inversión similar a la del grupo ruso se tiene una producción mucho mayor. La inversión o crédito que se hace a Bolivia es de 1.030 millones de dólares, pero la producción es mucho más grande: 10.000 toneladas en una planta y 25.000 en la otra, 35.000 toneladas en total. Ahí hay muchas dudas al respecto”, sostuvo Córdova.
Señaló que algo bueno de este contrato es que no se queda en la producción del carbonato de litio a partir de la salmuera fresca. En este caso, hay una línea de producción que utiliza la salmuera residual del proyecto actual, es decir de las piscinas evaporíticas.
“Todo lo que deja como saldo el proyecto actual puede ser utilizado como insumo por esa línea de trabajo del grupo chino. De ahí se puede recuperar 10.000 toneladas de carbonato de litio en una primera etapa. Hasta ahí está todo muy bien, pero hay un pero”, advirtió el analista.
Una cláusula del contrato dice que si YLB no entrega a la empresa china la cantidad suficiente de salmuera residual para que CBC obtenga utilidades o cubra la producción, se autoriza al grupo chino a extraer salmuera virgen del salar y llevarla para la planta de procesamiento en lugar de la salmuera residual.
“Esto supone que hay que hacer algunos cambios, modificaciones en la planta de obtención del carbonato de litio. Todos los costos, de cambiar de salmuera residual a salmuera fresca, los tiene que pagar la YLB. Eso ya es una penalización de entrada, porque es muy probable que no se cumplan los volúmenes que requiere la empresa. Ahora mismo, con la planta que hay, están operando al 20% de su capacidad porque no se han terminado de construir las piscinas y no hay materia prima suficiente”, dijo Córdova.
Eso ya se prevé, que vamos a tener que pagar esa penalidad, la cual está incluida en el contrato, porque difícilmente se alcanzará a entregar la cantidad requerida por el grupo chino para el procesamiento de la salmuera residual.
El plazo de vigencia del contrato, de aplicarse solo la primera fase es de 36 años. Si se abarca la segunda fase, sube a 42 años.
Otro de los puntos observados es el de la transferencia de tecnología. En el contrato se señala que “el operador conservará todos los derechos de propiedad intelectual previos y potenciales de la tecnología relevante, otorgando una licencia no exclusiva, no sublicenciable e intransferible para usar dentro del alcance geográfico del país donde se presta el servicio, y solo dentro del alcance de los objetivos de este contrato”.
Asimismo, en los términos del acuerdo legal se establece que el pago que hará la YLB a la CBC, por todo lo invertido, se hará en «especie». Es decir, en lugar de pagar con dólares se pagará con el litio boliviano, a una cotización acordada.
China y su intención de copar el cambio de matriz energética
Una investigación del especialista Franco Gamboa señala que el interés de China en el litio boliviano es el de encabezar el cambio de la matriz energética. Indica que ha cambiado su política y busca consolidarse como potencia mundial por nuevas vías.
“Con la finalidad de convertirse o impulsar el liderazgo en la creación de una ‘civilización ecológica’, China está encontrando en el litio boliviano una de las fuentes primordiales en materia de diversificación para la matriz energética de su economía. China está buscando otra manera de legitimarse como potencia global y, curiosamente, deja de desconocer su responsabilidad en el cambio climático”, señala el analista.
Indica que el Partido Comunista de China (PCC), de manera pragmática y ubicua, ha advertido la “potencialidad” de liderar la problemática energética. Por lo tanto, el litio es fundamental y sus estrategias son muy sutiles.
Entre ellas están: a) modificar su entorno energético con intereses geopolíticos colocados en América Latina y África; b) externalizar los costos ambientales de la cadena productiva hacia los países periféricos del sur; c) relocalizar las industrias más intensivas; y d) generar una industria verde para convertirse en una especie de nuevo “paradigma global” de transición energética.
“Es por esto que Bolivia le interesa, aunque está por verse si el Estado boliviano se transforma en un socio respetado, o solamente se convierte en un aliado subordinado en el largo plazo. Aquí, Bolivia sueña con ser una fuerza industrializada y no solamente una reserva de litio; sin embargo, esta ambición es la que se está desmoronando y ha sufrido duros reveses con proyectos fallidos de explotación de litio”, dice.
La normativa ya está en la ALP, pero hasta ahora no fue tratada ni aprobada
Una ley trunca que puede cambiar las condiciones de los contratos
“Tiene que haber una ley de litio, una ley marco como existe para hidrocarburos y para la minería. En el caso del litio no hay, y queremos que primero se apruebe la ley de litio y después pueden hacer los contratos, siempre que se adecúen a la norma y cuiden el medio ambiente”, aseguró el presidente de una facción de Comcipo, Alberto Pérez.
En Bolivia, en los últimos años, se han presentado cinco proyectos de ley que buscan regular y establecer un marco para la explotación y administración del litio en el país. Sin embargo, hay uno que después de años de trabajo, logró consensuar algunos puntos comunes entre Oruro y Potosí, departamentos en los que se encuentran los salares más importantes.
Aunque este llegó a la Asamblea hace varios años, hasta ahora no fue tratado ni aprobado. La propuesta ya fue repuesta en al menos dos oportunidades.
“Lo que pasó con la ley es que no fue de conocimiento de la población. Han politizado el tema, lo que no dejó que esto avance. Los dos contratos ahora están sujetos a la Ley Minera que fija el 3% para las regalías. Planteamos subirlas y podemos generar un análisis con las dos empresas, pero para eso tenemos que llegar a una ley expresa o sacar de inmediato la ley del litio. Pero eso se ha convertido en un entronque por un tema político desde hace mucho tiempo”, afirmó el dirigente de la otra facción de Comcipo, Edgar Borth.
La norma contempla varias de las demandas en torno a los contratos para la construcción de plantas de carbonato de litio, firmados con la empresa rusa y el grupo chino. Entre ellas está la ubicación de las gerencias, el tema de las regalías, la modalidad de asociaciones y otras.
De ser aprobada la norma, los contratos tendrán algunas modificaciones. Entre ellas el tema de las regalías.
“Sí, cambiarían varias cosas. La primera es que esta ley de litio, como ya el objetivo no es la fabricación de las baterías, autoriza a la empresa de litio -YLB- a asociarse con empresas privadas desde etapas más tempranas, como la extracción de la salmuera. Eso daría seguridad jurídica al contrato con la empresa rusa y podría mejorar las condiciones del contrato con el grupo chino”, señaló el experto en temas mineros, Héctor Córdova.
Por un lado, reiteró que el cambio fundamental en la norma para Oruro y Potosí es el tema de las regalías.
“Actualmente, la Ley de Minería establece una regalía fija del 3% por sobre el valor vendido del carbonato de litio. En todos los otros casos como zinc, plomo, plata, oro o estaño, hay una escala que varía en función de la cotización internacional y en el caso del oro incluso en función de la calidad del yacimiento”, explicó.
Se pide que esta norma pueda establecer un porcentaje justo para las regalías que vaya acorde a la cotización internacional por tonelada de carbonato de litio.
Córdoba dijo que si bien Comcipo pide que primero se apruebe la ley, esto conlleva un problema que también fue enunciado por el Gobierno.
“Si perdemos más tiempo, estamos poniendo en riesgo nuestro ingreso al mercado del carbonato de litio, porque ahora la competencia es más grande. Ya no son de Chile y Argentina, se encontró litio en Perú, Brasil y México. Esto puede significar perder la oportunidad. Hay que trabajar con agilidad, pero también con seguridad jurídica, certeza y justicia para el Estado, para el pueblo boliviano y particularmente para el Potosí”, sostuvo.
