Dos expertos coinciden en afirmar que el próximo Gobierno, por las elecciones generales que se avecinan en agosto próximo, deberá realizar una evaluación técnica, financiera y legal de todas las empresas estatales para determinar cuáles deben mantenerse y cuáles cerrarse.
eju.tv
Lidia Mamani / La Paz
Dos economistas manifiestan su preocupación por la creación de nuevas empresas estatales en Bolivia, señalando que muchas de ellas a la fecha son deficitarias y han generado un gasto millonario para el Estado. Recientemente el Gobierno anunció que en este año impulsará la implementación de la nueva empresa Laboratorio Industria Farmacéutica en Bolivia (Lifab), para el cual se prevé destinar cerca de 500 millones de dólares, al respecto uno de los expertos observó que la producción sólo se limitará a medicamentos genéricos, demanda que es cubierta, principalmente, por la industria privada nacional.
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El economista e investigador Julio Linares mencionó que el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) maneja entre 400 y 500 millones de dólares anuales desde la gestión de Evo Morales, recursos utilizados para la creación de diversas plantas estatales, pero que son inviables “desde todo punto de vista”. Por ejemplo, en el caso de Lifab, en su criterio, debería estar ligada a la producción de medicamentos para enfermedades oncológicas y crónicas, que son demasiado caros por su importación.
“Lifab será otro fracaso porque va a producir medicinas genéricas que ya existen en el mercado, compitiendo directamente con la industria farmacéutica privada nacional e incluso con productos importados, principalmente, de la India, que son mucho más baratos debido a la producción a gran escala. ¿Cómo debería ser si uno piensa en una fábrica de medicamentos?, debería haber ahí un tema ligado a la cadena productiva, que es de investigación con universidades para poder innovar y convertir una fábrica que realmente pueda progresar, debe ser para producir medicamentos que no hay en el país y son demasiado caros para la población, como los oncológicos”, advirtió Linares, en entrevista con eju.tv.
Asimismo, señaló que otras iniciativas y que a la fecha están bajo tutela del Sedem, como la planta de papas precocidas, que en ese caso el Gobierno sólo la implementó porque una empresa de Santa Cruz la introdujo en el mercado nacional. Pero el resultado es que también es inviable, debido a la falta de materia prima en el país, recurriendo a la importación para su funcionamiento, para que no sea otro elefante blanco.
En ese sentido, subrayó que en el país hay al menos 15 empresas estatales que deberían ser cerradas debido a su constante déficit y la falta de resultados financieros positivos. Entre ellas: Mi Teleférico, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, la planta de azúcar San Buenaventura, Yacana, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Quipus, la Agencia Boliviana Espacial (ABE), la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), además de otras, ya que todas reportan pérdidas acumuladas que superan los 800 millones de dólares.
Agregó que en el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), lastimosamente, uno de los objetivos que tiene en su lema de industrialización es el de: “destruir el sector privado en general”. En el caso de la industria farmacéutica actualmente hay laboratorios que están cerrando, porque el mercado interno es pequeño. Por ejemplo, las medicinas genéricas que llegan de la India cada vez son más baratas, lo que hace que ya no se pueda competir con esa producción a gran escala.
Por su parte, el economista Fernando Romero sostuvo que la apuesta del Gobierno por la industrialización y la sustitución de importaciones no ha sido fructífera. Según datos oficiales, en 2023 el déficit global de las empresas estatales alcanzó los 3.900 millones de bolivianos; mientras que, en 2022 fue de 3.843,7 millones, y en 2021 ascendió a 25.900 millones. Romero considera que el país debería enfocarse en sectores estratégicos, como los recursos naturales, y facilitar la inversión privada mediante reformas en la legislación laboral, tributaria y de inversiones.
“El Gobierno sigue transfiriendo recursos a empresas deficitarias, muchas de las cuales dependen en un 90 a 97% de financiamiento mediante créditos internos, lo que incrementa el endeudamiento del país. En un año electoral, la administración actual no realizará un ajuste fiscal ni frenará la creación de más empresas estatales, lo que seguirá afectando la economía nacional”, consideró Romero, en contacto con eju.tv.
Ambos expertos coincidieron en afirmar que el próximo Gobierno, por las elecciones generales que se avecinan en agosto próximo, deberá realizar una evaluación técnica, financiera y legal de todas las empresas estatales para determinar cuáles deben mantenerse y cuáles privatizarse, cerrarse o establecer alianzas público-privadas, para garantizar su sostenibilidad.