Los empresarios rechazan la medida que está inserta en la Ley del Presupuesto 2025. El sector sostiene que se busca imponer un control de precios por errores del Estado
Fuente: El Deber
Paola Álvarez, presidenta de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO) de Chuquisaca, expresó su preocupación sobre la disposición séptima y su posible impacto en la economía boliviana. Según la empresaria, la normativa busca imponer un control de precios como medida correctiva frente a fallos del mercado, los cuales, a su juicio, son provocados por errores del propio Estado.
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«Es una receta para combatir la inflación, pero a costa de reducir, desincentivar y empeorar la producción de bienes», afirmó Álvarez. En su opinión, la implementación de este tipo de controles generará un aumento en la demanda debido al temor de escasez, lo que a su vez podría acelerar una crisis económica mayor.
La líder empresarial también enfatizó que la disposición no solo afectará a los empresarios, sino que tendrá un impacto directo en intermediarios y comerciantes.
“El gobierno se va a meter en sus casas para quitarles sus productos. ¿Quién dice que no están especulando? ¿Quién dice que no están subiendo los precios desproporcionadamente?”, cuestionó, alertando que la normativa podría obligar a muchos a vender a pérdida.
En este sentido, Álvarez hizo un llamado al gobierno para que implemente soluciones económicas en lugar de medidas políticas.
“Nos están dando cortinas de humo políticas para no tocar el tema económico. Hoy tenemos que solicitar que se den medidas económicas reales para salir de la crisis”, sentenció.
El sector empresarial decidió no participar en las mesas de trabajo para reglamentar la implementación de esta medida y exigió al ejecutivo su derogación. Ante esto el Gobierno volvió a convocar a los empresarios al diálogo y a deponer actitudes políticas radicales.
“No se deroga porque el presidente (Luis Arce) no tiene facultades ni atribuciones constitucionales para derogar una norma que está en una ley, un artículo que está en una ley. Es una competencia de la Asamblea Legislativa, por tanto, es un pedido imposible de cumplir, no por falta de voluntad política, sino sencillamente porque el Presidente no puede hacerlo”, explicó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.
Fuente: El Deber