Algunos sectores piensan que el gobierno trata de tener un respiro con los ingresos que lleguen tras la promulgación de los proyectos de Ley
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Boris Bueno Camacho / La Paz
El malestar crece en diferentes sectores de Potosí por la intención del gobierno de Luis Arce Catacora de aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los contratos cuestionados del litio suscritos con dos empresas extranjeras, una rusa y una china, porque las condiciones no son favorables para el país y menos para ese departamento, además que no existió el proceso previo de socialización con los diferentes sectores económicos, políticos y sociales.
Este martes, las juntas vecinales efectuaron una masiva marcha de protesta por las principales vías de la capital potosina en rechazo a los contratos del litio firmados por el presidente Luis Arce, porque consideran que las regalías contempladas no son justas con ese departamento que alberga los yacimientos del mineral y cuestionan que, con la suscripción de ese tratado, se ‘regala’ una parte del territorio nacional, hecho que no será permitido por los habitantes de esa región.
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“Nuevamente nos vemos en las calles precisamente protestando contra nuestras autoridades nacionales, departamentales y municipales, porque están trabajando de manera ineficaz, no están respondiendo al pueblo boliviano y al pueblo potosino; estamos en contra de la firma de los contratos, porque el litio es una riqueza que pertenece a Potosí y debe darse una regalía justa para el departamento de Potosí, están regalando una parte de nuestro territorio y no lo vamos a permitir como población potosina”, afirmó uno de los marchistas.
En tanto, una delegación de la provincia Daniel Campos de ese departamento llegó hasta la sede de Gobierno para protestar porque las autoridades gubernamentales en ningún momento hicieron la consulta previa sobre los contratos del litio; además de recordar que en las 49 comunidades de esa región no se cumplió con las fases que contempla el proceso: la socialización del proyecto, la consulta para su aprobación y el consentimiento de la población debidamente informada.
“Son tres elementos jurídicos totalmente diferentes que, al mismo tiempo, se complementan: socializar es poner en conocimiento, tenemos este proyecto y se va a ejecutar de esta manera, así se van a beneficiar; luego la consulta mediante un referéndum para la aprobación, han venido a socializar de manera esporádica y han venido técnicos que no tienen decisión”, afirmó Efraín Quispe, representante de los comunarios de esa región, quien anunció que tomarán las acciones correspondientes para impedir la efectivización de los contratos.
Asimismo, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) por Potosí, Daly Santa María, señaló que el nuevo gobierno que salga de las urnas en agosto venidero es el que debe tratar el tema de litio en un nuevo escenario político y social; además, considera que el presidente Luis Arce y su entorno intentan apresurar la aprobación de los contratos para tener ingresos monetarios que les permitan sobrellevar la crisis económica que atraviesa el país hasta concluir su mandato.
“Faltan pocos meses para el cambio de gobierno, por qué no dejar que quien venga evalúe de una manera más calmada y participativa estos convenios, porque presenta observaciones muy serias desde el proceso de selección, no hay los procesos de selección de las dos empresas, ni de la china ni e la rusa, hemos revisado pestaña por pestaña la página de YLB (Yacimientos de Litio Boliviano) y no existen los procesos de selección”, afirmó la representante potosina.
Los dos contratos son cuestionados por diferentes sectores debido a las características supuestamente poco favorables para el país. Las instituciones cívicas de Potosí se declararon en emergencia porque denuncian que la sesión fue completamente irregular e iniciaron movilizaciones contra la aprobación de los dos instrumentos legales, porque aseveran que los proyectos suscritos por el Ejecutivo con los representantes de las empresas rusa y china no fueron socializados en ese departamento.
La rusa Uranium One Group, Joint-Stock Company prevé implementar una planta industrial para la producción de 14.000 toneladas métricas ™ por año de carbonato de litio, con una inversión de más de 975 millones de dólares; en tanto, el consorcio chino CBC Investment Limited contempla la construcción de dos factorías, con capacidad de 35.000 tm por año entre las dos, con una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares. Los contratos fueron aprobados la pasada semana en el comité respectivo y están agendados para su tratamiento esta semana en sesión plenaria de Diputados.