Destacando la reciente aprobación en el Senado de una normativa para derogar la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) para la presente gestión, el senador por Creemos, Henry Montero, cuestionó que desde el Gobierno se intente minimizar las movilizaciones ciudadanas contra las disposiciones confiscatorias incluidas en esta ley.
Fuente: El Diario
“El Gobierno central no debe minimizar las movilizaciones de la ciudadanía, el pueblo cuando se para y cuando el pueblo sale a las calles, hay que tenerle miedo”, afirmó Montero esta semana, de forma previa a la sesión de Senadores que aprobó la derogación de la disposición séptima de la Ley 1613 del PGE 2025, de carácter confiscatorio.
Según el asambleísta nacional por Santa Cruz, si el Gobierno persiste en mantener esta disposición confiscatoria en el contenido de la Ley Financial, dará paso a la movilización en las calles. “Ya han manifestado que el 10 de febrero vendrían movilizaciones de los sectores gremiales, empresariales y otros. Creo que este gobierno ha enseñado que todo se puede conseguir en las calles, porque no sabe dialogar ni consensuar”, subrayó.
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De forma previa a la imposición del PGE a partir del 1 de enero de la presente gestión, Montero había denunciado que la disposición confiscatoria fue introducida de contrabando con la finalidad de perseguir al sector productivo con fines políticos.
“No tenía que hacer absolutamente nada en el Presupuesto General del Estado, una adicional que confisca y quiere seguir persiguiendo a los que producen”, recordó.
En ese sentido, Montero sostuvo que el centralismo debería perseguir a los contrabandistas que afectan y dañan a la producción boliviana, en vez de perseguir a los productores, empresarios, gremialistas, comerciantes y otros sectores, que deberían garantizar la seguridad jurídica.
Hasta este viernes, gremiales, productores, transportistas, industriales, empresarios y exportadores, confirmaron la realización de un paro nacional con movilizaciones a desarrollarse este lunes, como medida de rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, afirmando que dicha normativa genera inseguridad jurídica y perjudica a la propiedad privada.
Fuente: El Diario