Según el análisis, el litio en Bolivia es uno de los recursos naturales estratégicos de propiedad estatal, protegido por la Constitución, pero que actualmente está expuesto al riesgo de una explotación insostenible sin generar desarrollo.
Fuente: https://www.vision360.bo
La Fundación Jubileo y 36 organizaciones de la sociedad civil cuestionan los contratos del litio suscritos con Uranium Group de Rusia y el consorcio CBC de China por imponer costos y riesgos para el Estado, no generar ingresos justos para el país y la región productora Potosí, y porque la explotación conlleva riesgos socioambiantales.
Actualmente, los contratos con Uranium One Group y CBC están en la Asamblea Legislativa y el Gobierno busca su aprobación.
La empresa rusa Uranium One Group ejecutará una inversión de más de 970 millones de dólares durante dos años. En tres fases, hasta julio de 2027, entregará una planta industrial de carbonato de litio grado batería con una capacidad de producción de 14 mil toneladas.
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Mientras, con el contrato de servicios con el consorcio chino CBC, YLB prevé implementar dos plantas industriales, cada una en dos fases. Una tendrá una capacidad de 25.000 toneladas por año y otra de 10.000 toneladas por año. La inversión será de 1.030 millones de dólares.
Los investigadores de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova y Juan Carlos Solón, de la Fundación Solón, expusieron hoy los problemas que se tienen con los contratos y los efectos negativos y plantearon al menos seis observaciones centrales:
1.- Los contratos firmados por el Gobierno con las empresas Uranium One Group y CBC dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades (cuando no se abastezca con la suficiente cantidad de salmuera residual).
2.- Si bien se establece que las inversiones corren por cuenta de las empresas rusa y china, cada una con aproximadamente 1.000 millones de dólares, esos montos deberán ser devueltos con la producción de carbonato de litio. De la misma manera, en ambos casos, los operadores de las plantas son las empresas rusa y china, y sus costos también serán cubiertos con la producción.
3.- Las estimaciones de las utilidades están sobredimensionadas, porque se las calcula con una cotización superior a 25.000 dólares por tonelada, cuando la cotización actual oscila alrededor de los 10.000 dólares por tonelada; sin perspectivas de que vaya a subir en el futuro. Los costos de producción son más altos que los ingresos por comercialización. Nada garantiza ingresos justos para el país.
4.- Inexplicablemente, la inversión por tonelada producida de carbonato de litio es 2,4 veces más en la operación de la empresa rusa, respecto a la inversión del grupo chino.
5.- En la salmuera del salar de Uyuni, además del litio, hay otros elementos valiosos. Los contratos no mencionan nada acerca del aprovechamiento de estos recursos, lo que genera incertidumbre respecto a quién se beneficia de esos otros elementos.
6.- Además, la consulta libre, previa e informada, que se realizaría a las comunidades que serían afectadas por el uso de agua, debió ser realizada antes de la suscripción de los contratos. Por otra parte, los contratos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, tales como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y la utilización/contaminación de ingentes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país.
Según los expertos, el litio en Bolivia es uno de los recursos naturales estratégicos de propiedad estatal, protegido por la Constitución, pero que actualmente está expuesto al riesgo de una explotación insostenible sin generar desarrollo para el país.
Análisis técnicos cuestionan los contratos suscritos por el Gobierno con las empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China, porque el Estado asumiría los costos y riesgos, y las empresas se quedarían con los mayores beneficios y las áreas de mayor potencial extractivo.
El Salar de Uyuni está resguardado por normativa ambiental, incluyendo las leyes de la Madre Tierra, de Bofedales Altoandinos y de Sitios Ramsar. Además, Bolivia debe cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que garantizan acceso a la información y consulta a pueblos indígenas.
El análisis realizado con las observaciones a los contratos es respaldado por 37 instituciones de la sociedad civil y dos adhesiones personales.