El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este jueves que el 10 de septiembre de 2024 solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría especial a todos los procesos de contratación que hizo la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) para Puerto Busch (Santa Cruz), desde la fase de planificación hasta la entrega final.
Fuente: ABI
El dato lo reveló durante el informe que brindó en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados a solicitud del diputado evista Héctor Arce, quien denunció actos de corrupción en la gestión de Dante Justiniano, exgerente de la ASP-B, empresa que se encuentra bajo tuición del MEFP. Justiniano fue posesionado el 27 de enero de 2021 y relevado de su cargo el 16 de agosto de 2024.
Durante la audiencia, Montenegro destacó las acciones emprendidas oportunamente por su despacho ante la CGE, con el objeto de dotar de transparencia a cualquier acto de investigación que se realice sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por la ex autoridad de la ASP-B.
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Uno de los aspectos centrales del informe oral del ministro Montenegro fue la remisión de documentación a la CGE para garantizar un control posterior riguroso. “El 10 de septiembre de 2024, envié toda la información relacionada con los procesos de contratación en Puerto Busch para que se realicen auditorías exhaustivas”, indicó, citado en un reporte del Ministerio de Economía.
Esta acción se enmarca en la facultad que tiene el MEFP, como entidad que ejerce tuición de control posterior establecido en la normativa boliviana, que prohíbe a los ministros realizar controles previos o intervenir directamente en los procesos en curso que desarrollan otras entidades del Estado, en tanto tienen autonomía de gestión técnica, administrativa, financiera y legal, como la ASP-B.
El ministro precisó que, mediante la nota MEFP/DM/UTLCC N° 375/2024, solicitó a la Contraloría priorizar auditorías sobre todos los procesos de contratación relacionados con Puerto Busch, desde la fase de planificación hasta la entrega final. “Adjuntamos 11 carpetas con documentación detallada para que se evalúen todos los procedimientos”, afirmó. La Contraloría respondió el 6 de diciembre de 2024, confirmando que programará para 2025 auditorías específicas.
“Nosotros no podemos intervenir directamente ni emitir criterios sobre operaciones específicas realizadas por la ASP-B, pero hemos cumplido con nuestro deber de enviar toda la información pertinente a la Contraloría para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes”, subrayó.
Exabrupto
Durante la sesión, el diputado Arce calificó al ministro Montenegro de “cómplice de la corrupción” y lo acusó de encubrir irregularidades en la ASP-B. Ante estas declaraciones, Montenegro respondió con firmeza y anunció que tomará acciones legales si no se presentan pruebas concretas. “Usted me ha calificado públicamente de corrupto. Eso lo va a tener que demostrar porque yo lo voy a llevar a proceso penal”, advirtió el ministro.
Además, criticó el enfoque de la petición de informe oral, señalando que las preguntas debieron dirigirse a la máxima autoridad ejecutiva de la ASP-B, y no al Ministerio de Economía. “La ASP-B tiene autonomía administrativa, financiera y técnica, según el Decreto Supremo 2406 de 2015. Nosotros, como entidad tutora, no podemos intervenir en sus procesos internos sin violar la normativa vigente”, afirmó.
Admisión de error
Pese a las explicaciones del ministro, el diputado Arce cuestionó la falta de respuestas específicas sobre el presupuesto asignado a la ASP-B, tipo de gasto, contratos de personal eventual, procesos de contratación y otros datos solicitados al titular del MEFP, además, aseguró que la ASP-B invirtió más de Bs 60 millones en proyectos que, según dijo, están abandonados.
Montenegro le reiteró que la cartera de Economía únicamente asigna presupuestos a las entidades públicas, mientras que la gestión, ejecución y rendición de cuentas son responsabilidad exclusiva de las máximas autoridades ejecutivas de dichas entidades. “No puedo responder por algo que no está bajo mi competencia directa. Si quiere respuestas específicas, debe dirigirse a la ASP-B”, subrayó.
En la sesión, el ministro reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. “Queremos que se lleguen hasta las últimas consecuencias en esta situación denunciada. Por eso hemos enviado toda la documentación a la Contraloría, y esperamos que se realicen las auditorías correspondientes”, recalcó.
En su intervención final, el diputado Arce reconoció que su petición de informe oral pudo haber estado mal encaminada. “Mis disculpas si me equivoqué al dirigir esta petición al ministro, pero esto no significa que vamos a dejar de buscar justicia”, aseguró.
Rdc/Jfcch/CC