Órgano Judicial dejó de percibir al menos 83 millones de bolivianos, por DDRR

El 2024, el Órgano Judicial dejó de percibir al menos 83 millones de bolivianos, recursos que no ingresaron por los servicios de Derechos Reales porque supuestamente no se habría recaudado, lo que ha generado un desfase en el presupuesto. Esto provoca demoras en las nuevas contrataciones de personal, proyectos en línea y otras partidas, reveló el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, en una entrevista con CORREO DEL SUR.

Este ente administrativo y el Tribunal Agroambiental anunciaron el inicio de auditorías al manejo de los recursos económicos por parte de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial y anunciaron que posteriormente impulsarán las modificaciones a la Ley 025 para que la entidad que administra el presupuesto general pase a dependencia del Consejo de la Magistratura. Actualmente, la DGAF está bajo control de un directorio conformado por el Presidente y el Decano del TSJ y el Presidente del Tribunal Agroambiental.

“Hay un desfase (en el presupuesto) de 2024, por falta de ingresos de recursos propios el año pasado por parte de Derechos Reales. Cada año se proyecta un cierto ingreso de recursos, el año pasado, como si estuviéramos en pandemia, no ingresaron los recursos proyectados. Le preguntamos al entonces Director de la DGAF y no ha sabido responder por qué no ingresaron 83 millones de bolivianos aproximadamente y que no se habría recaudado en Derechos Reales”, señaló Baptista.

AUDITORÍA

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En su criterio, esta situación repercute en la falta de recursos para la contratación de personal y de proyectos en línea.

“Estamos solicitando a las unidades de auditoría que preparen los informes correspondientes para que se realice una auditoría a la DGAF, ya que estos recursos, al ser públicos no tienen un manejo transparente”, añadió.

La autoridad señaló que la Contraloría General del Estado presentó un informe de auditoría que identifica irregularidades en el manejo de los recursos económicos y en el caso del Consejo de la Magistratura, anunció que los asesores están preparando informes para dar inicio a la auditoría financiera.

Baptista dijo que no solo el Consejo impulsará una auditoría sino también la presidencia del Tribunal Agroambiental.

“Nosotros debemos realizar una auditoría de oficio a la DGAF porque la administración de los recursos del Órgano Judicial no son transparentes. Este es uno de los argumentos para la modificación de la Ley 025 del Órgano Judicial que está en la Asamblea Legislativa para su aprobación y se retome el control de la DGAF por parte del Consejo de la Magistratura que es el ente administrativo que la Constitución ha establecido para la fiscalización y el manejo de los recursos económicos”, puntualizó Baptista.

COMPETENCIAS

Manuel Baptista indicó que es un “sano criterio” proponer que el TSJ y el Tribunal Agroambiental realicen su labor jurisdiccional de administrar justicia y el Consejo de la Magistratura se haga cargo de la administración de los recursos económicos con la DGAF bajo su dependencia.