Capítulo 1: El suplicio de un hombre ante la justicia
Por: Alisson Encinas Menacho y Wara Braulia Mamani Choquecahuana, periodistas de LA PATRIA.
Fuente: https://lapatria.bo
Juan Laura Mayta nunca imaginó que una simple relación sentimental lo llevaría a vivir el peor episodio de su vida. Todo comenzó el 16 de enero de 2025, cuando la policía lo detuvo como principal sospechoso de la desaparición de su pareja, Reyna Huallpa, y sus dos hijos. No importó que se haya presentado a declarar voluntariamente ni que insistiera en su inocencia. Desde el primer momento, fue tratado como un criminal.
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El caso generó alarma pública: Reyna y sus hijos fueron vistos por última vez subiendo al vehículo de Juan. La presión mediática y el señalamiento de la familia de la mujer convirtieron a Juan en el objetivo inmediato de las autoridades. Sin evidencia concreta, fue acusado de trata y tráfico de personas. Las autoridades ignoraron su versión de los hechos, y en lugar de investigar a fondo, directamente fue sometido a un infierno de torturas.
LAS HORAS MÁS LARGAS
Juan relató con detalles cómo fue golpeado, asfixiado con una bolsa negra y amenazado para que confesara un crimen que no cometió. «Tenía miedo (…) Desde el primer momento en que me presente (a la Policía) me dijeron: ‘Esto es caso Odalis*. Me preguntaban una y otra vez: ‘Dónde está ella, dónde está el cuerpo’, refiriéndose a mi ex pareja. Yo no podía decir nada porque no sabía nada. Me golpeaban hasta no poder más (…) Por los golpes me desmaye más de cuatro veces», contó. En un momento de desesperación, con tal de que las torturas cesaran, Juan les dijo lo que querían escuchar: «Sí, la maté». Pero cuando las autoridades lo llevaron a su casa para buscar el supuesto cadáver, no encontraron nada.
*Frase utilizada por los policías para referirse a un proceso penal por el delito de feminicidio que se investiga en Bolivia. Hasta la fecha, las autoridades no encuentran el cuerpo de la víctima, identificada como Odalis Vaquiata.*
Los abusos continuaron. A pesar de que no existía prueba alguna en su contra, la justicia dictó detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Permaneció ahí sin un proceso justo, con su familia desesperada y la etiqueta de presunto «feminicida» e «infanticida» estampada en los titulares de algunos medios de comunicación.
LA VERDAD SALE A LA LUZ
El 21 de enero, cinco días después de su detención, la verdad salió a la luz con un giro inesperado. Reyna Huallpa y sus hijos fueron encontrados con vida en un alojamiento en La Paz; de acuerdo al informe de las autoridades, Reyna fue encontrada en posesión de bebidas alcohólicas. La mujer “fingió” su desaparición y se encontraba a salvo junto a sus hijos.
Al ser encontrada, Reyna se mostró sorprendida y alegó que no sabía que la estaban buscando, afirmando que no tenía acceso a su celular. La mujer fue arrestada por simulación de delito, abandono de menor y violencia familiar doméstica, pero fue liberada poco después por falta de pruebas suficientes.
Su caso despertó la indignación de activistas que argumentaron que Reyna fue criminalizada por su pobreza. Sin embargo, estas mismas voces estuvieron ausentes cuando Juan era torturado y acusado de feminicidio injustamente.
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso y, finalmente, Juan fue liberado. Pero la libertad no le devolvió lo que perdió. «Me juzgaron sin conocerme, me dijeron que yo era un asesino. Me torturaron de diferentes maneras», declaró al salir de la cárcel.
La experiencia lo dejó marcado para siempre. Sin dinero, sin apoyo legal y con su reputación destruida, Juan tuvo que enfrentar una nueva realidad donde, pese a haber sido víctima, seguía siendo tratado como sospechoso.
LAS HERIDAS NO SANAN
Mientras Reyna era liberada, las denuncias de tortura presentadas por Juan no recibían la misma atención. A pesar de sus heridas visibles, la policía se negó a hacerle pruebas médicas, minimizando sus acusaciones. La justicia no solo le falló una vez, sino dos: primero, al encarcelarlo sin pruebas, y luego, al ignorar su sufrimiento Cuando se le pregunto si alguien le ofreció una disculpa, tras conocerse la verdad, respondió: “En ningún momento vino algún familiar (de Reyna), ni la policía, ni el fiscal… nadie. Directamente todo ha sido así, se han perdido directamente”.
Según Juan, antes de desaparecer, Reyna lo amenazó y le araño el cuello. Ella tenía antecedentes de consumo excesivo de alcohol y abandono frecuente de sus hijos, cabe aclarar que ninguno de los dos es de Juan. Sin embargo, para Juan, lo más doloroso fue escuchar que desde las altas esferas del poder querían «tapar» su caso.
“A mí me han llegado a desanimar (para no denunciar las torturas). No se mueve la policía, no quiere tomarme declaraciones, tanto el médico forense cuando me hizo la prueba de los golpes como traumatología me dijeron que no querían saber nada. Hay muchas pautas que realmente están muy mal en Bolivia”, afirmó.
UN NUEVO GOLPE
Despues de recuperar su libertad, Juan recibió una nueva orden de aprehensión el 12 de febrero, esta vez por violencia intrafamiliar bajo la Ley 348, interpuesta por Reyna. La justicia, luego de ignorar las denuncias de tortura y la falta de pruebas en contra de Juan, rápidamente procesooo la acusación de violencia en su contra.
“Estaba (Reyna) viviendo 15 días conmigo, desde el 30 hasta el 14 de enero, (…) en ningún momento hubo violación, no le agarraba, no le golpeaba. Yo quiero ser sincero, y el niño está viendo, ha visto, en ningún momento yo le he tratado de golpear, nada, pero con el tiempo se va a saber la verdad, si hay justicia en Bolivia”, afirmó.
Según el abogado de Reyna, el hijo de la mujer afirmo ser testigo de la amenaza de Juan contra su madre, declaración que fue tomada en cuenta sin mayores investigaciones, estudios psicológicos ni considerar que los niños pueden ser manipulables.
“Ni siquiera le he tocado nada, más bien ella me ha golpeado, me ha rascado (…) No había pruebas en ningún momento (de la supuesta violencia contra Reyna), pero lamentablemente los fiscales la apoyan”, dijo.
Juan insistió en que la justicia y las autoridades no actúan de la misma manera en caso de varones y mujeres; hay un marcado favoritismo hacia las mujeres.
“Tienes que echarte la culpa, porque te obligan ahí adentro, los policías te obligan a confesar ‘sí, yo le he golpeado…’. ¡No hay justicia!”, agregó.
Capítulo 2: Contexto de la Ley 348
El 9 de marzo de 2013, Bolivia dio un paso significativo en la lucha contra la violencia de género con la promulgación de la Ley N° 348, denominada «Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia». Esta normativa surgió como respuesta a la creciente preocupación por la situación de violencia que enfrentaban las mujeres en el país y se estableció como una de las leyes más avanzadas en la región en materia de protección de los derechos de las mujeres.
La Ley se promulgó 24 horas después del Día Internacional de la Mujer, destacando su carácter revolucionario y su compromiso con la equidad de género. Desde su entrada en vigor, fue considerada un hito jurídico que busca erradicar la violencia machista en todas sus formas y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
La violencia contra las mujeres en Bolivia era un problema arraigado y sistemáticamente invisibilizado. Según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres sufrían algún tipo de violencia en sus hogares, y el país ocupaba el primer lugar en violencia física y el segundo en violencia sexual en la región. La falta de normativas efectivas y la impunidad con la que operaban los agresores generaban un clima de desprotección y desconfianza hacia el sistema judicial.
La Ley 348 cambió este panorama al declarar la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad nacional. Además, estableció medidas de prevención, atención, protección y reparación para las víctimas, así como sanciones más severas para los agresores.
LOS PILARES DE LA LEY
Uno de los aspectos más innovadores es la tipificación de la violencia contra las mujeres como un delito de interés público, eliminando la posibilidad de conciliación en casos de agresiones graves. Además, reconoce 16 tipos de violencia, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, mediática y política.
Otro de los aportes clave de la Ley es la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), una unidad policial especializada en la investigación de estos delitos. Asimismo, se estableció que todas las instituciones del Estado deben asignar recursos para la prevención y atención de la violencia de género.
IMPACTO Y CONTROVERSIAS
A pesar de su gran importancia en la sociedad, la aplicación de la Ley 348 fue objeto de críticas y debates. Si bien permitió visibilizar y sancionar casos de violencia contra las mujeres, también generó preocupaciones sobre su implementación y posibles abusos en su aplicación. Algunos sectores denunciaron que, en ciertos casos, la ley fue utilizada de manera arbitraria, afectando los derechos de los acusados sin garantizar el debido proceso.
CAPÍTULO 3: LA LEY EN DEBATE
Desde su promulgación, la normativa fue defendida como una herramienta fundamental para la protección de las mujeres contra la violencia de género. Sin embargo, también fue criticada por sectores que consideran que su aplicación generó injusticias y vulneraciones a los derechos de los varones.
ARGUMENTOS A FAVOR
Los defensores de la Ley destacan que fue una conquista de los derechos de las mujeres en Bolivia. Según la representante legal del Foro Ciudadano Articulación de Mujeres por la Equidad de Género e Igualdad (Foro Amupei), Carmen Miranda, la normativa responde a la necesidad de garantizar la protección de las mujeres en un país con altos índices de violencia de género.
Miranda sostuvo que antes de la Ley, la violencia contra las mujeres no se consideraba un problema estructural. Esta normativa cambia el enfoque y lo convierte en una prioridad nacional. Asimismo, destacó que es fruto de años de lucha y no una simple copia de legislaciones extranjeras. Afirmó que la violencia contra la mujer históricamente fue minimizada. Los feminicidios eran registrados como accidentes domésticos. “Con la Ley 348, la violencia de género se reconoce como un delito grave”, destacó.
Miranda enfatizó que el desconocimiento es el mayor problema en torno al debate sobre la Ley. «Muchas críticas surgen de la desinformación y de la tergiversación en redes sociales. (…) La violencia contra la mujer es real, estructural y cultural, y esta Ley ha permitido que muchas mujeres rompan el silencio y denuncien», señaló.
Asimismo, sostuvo que la normativa ayudó a prevenir muchos casos de violencia. Detalló que, actualmente varios sujetos tienen “miedo” a la norma, por lo cual evitan acercarse o hacer algún daño a las mujeres y eso de alguna manera mejora la situación del género femenino.
Sin embargo, aún la violencia hacia las mujeres esta presente en el país, tal es el caso de A. M. B. quien el 2 de enero fue agredida por su pareja, un exsargento de la policía, en plena vía pública. Hecho que fue captado en un video y difundido en las redes sociales.
Días después del ataque, la Felcv aprehendió al agresor por violencia de género y fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva. Asimismo, fue dado de baja definitiva, sin derecho a reincorporación.
CRÍTICAS Y DENUNCIAS DE ABUSOS
Diversos grupos, entre ellos la Casa del Hombre, denunciaron que la Ley 348 fue utilizada para presentar denuncias falsas contra hombres, llevando a la criminalización de varones inocentes. La activista Melania Torrico, quien encabeza un colectivo de defensa de varones acusados injustamente, sostuvo que la Ley fue mal aplicada y que «en Bolivia parecería que los derechos de una mujer pesan más que los derechos de un varón».
Según Torrico, muchos hombres fueron encarcelados sin pruebas contundentes debido a que la normativa establece que el testimonio de la víctima es una prueba fundamental. «Existen casos donde las mujeres han utilizado la Ley 348 para venganzas personales o chantajes. Aunque es un porcentaje bajo, el impacto en la vida de los acusados es devastador», agregó al matutino La Razón.
Anteriormente, la senadora Patricia Arce propuso modificaciones a la ley, planteando que se incorpore la obligatoriedad de verificar la veracidad del testimonio de las denunciantes a través de peritajes especializados y cámaras Gesell. Esta propuesta fue rechazada por el Ministerio de Justicia, argumento que «pretender corroborar la veracidad del testimonio de las víctimas de violencia sexual atenta contra sus derechos y podría derivar en la revictimización».
La abogada Catherine Pérez Lazarte, especialista en derecho familia, niñez y adolescencia, admitió que hay fallas en la implementación de la Ley, pero sostuvo que el espíritu de la normativa es proteger a las víctimas. “La Ley no criminaliza a los hombres por el simple hecho de serlo; su objetivo es garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia sin enfrentar barreras institucionales y culturales que históricamente las desprotegieron”, afirmó.
Sin embargo, Pérez también reconoció que la mala utilización de la ley afectó a varones inocentes. «Lamentablemente, hay casos en los que se ha usado la Ley de manera injusta. (…) Existen situaciones en las que personas se autolesionan para incriminar a sus parejas. Como los protocolos se activan de inmediato, los varones pueden ser detenidos sin una investigación exhaustiva», señaló.
La abogada agregó: “… los varones que fueron condenados injustamente tienen problemas para acceder a empleos en el sector público y privado porque estos procesos quedan registrados”. Reiteró que la Ley 348 necesita ajustes para evitar abusos y garantizar una verdadera equidad.
IMPACTO EN LA JUSTICIA Y LA SOCIEDAD
Más allá del debate legal, la aplicación de la Ley 348 expuso falencias en el sistema judicial boliviano. La abogada Jessica Echeverría señaló a Chequea Bolivia que el problema no es la Ley en sí, sino la ineficiencia de los operadores de justicia.
«El sistema judicial está colapsado, no hay suficientes fiscales, jueces ni forenses para atender los casos de violencia de género de manera eficiente. Esto provoca demoras y decisiones apresuradas que pueden derivar en injusticias tanto para las víctimas como para los denunciados», explicó.
La desinformación también jugó un papel clave en la polarización del debate. Informes de Bolivia Verifica identificaron que en redes sociales se promueve la idea de que «basta con un mal gesto para que un hombre sea procesado» y que «la Ley 348 es inconstitucional». Sin embargo, según la abogada Miranda, el problema no es la Ley, sino su aplicación errónea por parte de jueces y fiscales, así como la falta de capacitación y recursos.
PROPUESTAS DE REFORMA Y EL FUTURO DE LA LEY
El debate sobre posibles reformas sigue en curso. Mientras algunos sectores piden su eliminación o modificaciones profundas, otros sostienen que el foco debe estar en mejorar su aplicación, sin debilitar sus principios fundamentales. En mayo de 2024, la Defensoría del Pueblo anunció que realizará una investigación defensorial sobre la implementación de la Ley 348, para evaluar objetivamente su impacto y detectar sus falencias.
Para la abogada Miranda, la discusión no debe centrarse en enfrentar a hombres y mujeres, sino en fortalecer el sistema de justicia. Aseguró que la Ley 348 fue un avance, pero si se quiere que funcione mejor, se necesita capacitar a los operadores de justicia, mejorar la recolección de pruebas y garantizar que las víctimas sean atendidas sin revictimizar a los denunciados.
«Se necesita capacitar a los operadores de justicia, mejorar la recolección de pruebas y garantizar que las víctimas sean atendidas sin revictimizar a los denunciados«
Capítulo 4: Los números no mienten
Las cifras sobre violencia de género y delitos en Bolivia revelan una realidad alarmante. Desde la promulgación de la Ley 348, las denuncias de violencia familiar y de género aumentaron de manera considerable, lo que plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley y su impacto real en la sociedad.
EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE GÉNERO EN ORURO (2020-2024)
Las estadísticas del Ecosistema Justicia Libre JL en Oruro muestran un aumento significativo en los delitos de género y violencia intrafamiliar en los últimos años. En 2020, se registraron 1.094 delitos de género, mientras que en 2022 esta cifra ascendió a 1.626. Si bien en 2023 hubo una leve disminución con 1.481 casos, en 2024 se contabilizaron 1.380.
El delito más recurrente dentro de esta categoría fue la violencia familiar o doméstica, con un pico de 1.152 casos en 2022 y una reducción a 872 en 2024. Sin embargo, otros delitos como la violación y el abuso sexual siguieron un comportamiento variable, alcanzando 156 casos de violación en 2024 y 121 de abuso sexual.
TENDENCIAS EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
El análisis de los datos indica que la violencia familiar o doméstica fue el delito más denunciado en Oruro. En 2024, el Ministerio Público registró 872 casos de violencia familiar en este departamento, mostrando una disminución en comparación con los años anteriores.
Según datos nacionales de la Coordinadora de la Mujer, entre 2013 y 2023 las denuncias de violencia familiar se triplicaron, alcanzando un incremento del 193%. Esta tendencia podría estar relacionada tanto con un aumento real de la violencia como con una mayor información y conciencia sobre los derechos de las mujeres.
A nivel nacional, el Ministerio Público reportó 50.325 denuncias de delitos contemplados en la Ley 348 durante 2024, de las cuales 37.601 correspondieron a violencia familiar. Este delito representó el 66% de las denuncias en los últimos años, afectando principalmente a mujeres entre los 18 y 39 años.
IMPACTO EN LA POBLACIÓN MASCULINA
A pesar de que las cifras de violencia de género se centran en la afectación a mujeres, existen denuncias sobre la falta de información estadística sobre los varones que también son víctimas de violencia. Según la activista Melania Torrico, aproximadamente 10.000 varones presentan denuncias de violencia cada año a nivel nacional, aunque muchas de ellas no son procesadas con la misma seriedad que las denuncias presentadas por mujeres.
Los varones que buscan denunciar violencia se enfrentan a múltiples obstáculos, como la falta de recepción de sus denuncias en instituciones como los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y la necesidad de presentar informes psicológicos y pruebas de vulnerabilidad para que su caso sea tomado en cuenta.
Un caso emblemático fue el del ex Míster Bolivia, Miguel Michel, quien logró que la justicia boliviana dictara medidas de protección a su favor tras denunciar violencia de parte de su expareja. Según Torrico, este es un precedente importante, ya que rara vez los varones acceden a este tipo de protección legal.
COMPARACIÓN ENTRE GESTIONES (2020-2024) EN ORURO
Entre 2020 y 2021, los casos de violencia familiar o doméstica aumentaron un 20,19%, mientras que los de lesiones graves y leves crecieron un 91,98%.
De 2021 a 2022, los delitos de violencia familiar crecieron un 14,51%, con un aumento del 39,69% en lesiones graves y leves.
Entre 2022 y 2023, hubo una reducción del 13,80% en los casos de violencia familiar, mientras que los delitos de lesiones graves y leves aumentaron un 15,65%.
En 2024, los casos de violencia familiar cayeron un 12,19%, pero los delitos de lesiones graves y leves subieron un 1,98%.
ANÁLISIS DE LOS DATOS EN ORURO
Las cifras muestran que la violencia familiar o doméstica en Oruro tuvo un incremento hasta 2022, seguido de una disminución en 2023 y 2024. Esta reducción puede atribuirse a diversos factores, como un mayor acceso a información, medidas de prevención o cambios en la denuncia de los casos. Sin embargo, los delitos de lesiones graves y leves han mantenido un crecimiento constante, lo que indica que la violencia en el hogar sigue siendo un problema latente.
En el ámbito nacional, las denuncias de violencia familiar en Bolivia se triplicaron en la última década, pasando de 13.314 casos en 2013 a 39.096 en 2023. Se estima que el 89% de las víctimas son mujeres, con una mayor incidencia en jóvenes de entre 18 y 39 años.
Las estadísticas muestran que la violencia de género sigue siendo un problema estructural en Bolivia y en regiones como Oruro. Si bien la Ley 348 permitió visibilizar y sancionar estos delitos, también se identificaron falencias en su aplicación, especialmente en la falta de atención a las denuncias de varones víctimas de violencia.
El aumento en el número de denuncias puede ser una señal de que las víctimas están confiando más en el sistema de justicia. Sin embargo, la falta de medidas equitativas para todos los afectados sigue siendo un desafío pendiente en la lucha contra la violencia en Bolivia.
Capítulo 5: Hacia una justicia con equidad absoluta
La historia de Juan Laura Mayta nos muestra un caso de varios que existe en el país que refleja falencias en la aplicación de la Ley 348. Mientras el sistema judicial continúe funcionando de esta manera, puede convertirse en una nueva forma de violencia
Según diversos analistas, la Ley no presenta fallas estructurales significativas, los principales problemas radican en cómo los operadores de justicia la aplican.
Si bien esta normativa protege los derechos de las mujeres, en algunos casos puede generar controversias respecto al equilibrio con los derechos de los hombres. La ley es discutible; Sin embargo, es altamente recomendable que las autoridades competentes trabajen en mejorar la reglamentación, para su correcta aplicación. Se sugiere una mayor socialización de la Ley entre funcionarios públicos y operadores de justicia, para evitar la vulneración de derechos.
Se plantea la necesidad de evaluaciones psicológicas a los denunciantes para garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas para presentar una denuncia. Esto responde a la preocupación sobre casos en los que se presentan denuncias motivadas por factores ajenos a la violencia, como celos o venganza. Dichas evaluaciones podrían contribuir a un proceso más justo y equitativo.
La Ley necesita contemplar procedimientos para determinar si el denunciado es o no víctima de una denuncia falsa. Esta medida permitiría reforzar el principio de presunción de inocencia y evitar injusticias derivadas de acusación infundada.
El camino hacia la equidad no está en eliminar la Ley, sino en perfeccionarla. Bolivia necesita una legislación que proteja a las víctimas sin distinción de género y que garantice justicia para todos. Como señalaron los expertos: No se trata de enfrentar a hombres y mujeres, sino de construir un sistema donde el acceso a la justicia sea un derecho real y no un privilegio condicionado por el género.
