Esto, a través de un proyecto de ley remitido al Senado que pretende declarar una pausa en la verificación de la Función Económica Social (FES) y la Función Social (FS), además de anular las multas y sanciones para las quemas ilegales e incendios provocados.
Fuente: Opinión
Aún es un proyecto de ley; sin embargo, ya despierta las alertas, denuncias y el contundente rechazo de aquellas instituciones dedicadas a cuidar la tierra y promover el desarrollo rural sostenible en tención a la población indígena, originaria y campesina, como es la Fundación Tierra.
Se trata del proyecto de ley que pretende declarar una pausa en la verificación de la Función Económica Social (FES) y la Función Social (FS) por siete años. Esto, en medio de los procesos de saneamiento y reversión de la propiedad agraria.
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La norma, de seis artículos y tres disposiciones adicionales, también busca la anulación del Decreto Supremo 5203 el cual da luz verde a elevadas multas y sanciones para las quemas ilegales e incendios provocados.
Dicho decreto implementa medidas correctivas sobre contravenciones al régimen forestal en Bolivia y su reglamentación establece multas por contravenciones al régimen forestal de hasta 976 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), equivalente a 2.464 bolivianos por hectárea afectada.
A ello se suma que la iniciativa busca sustituir el conteo de cabezas de ganado en terreno por el empleo de los dos últimos registros del Registro Único Nacional de Sanidad Agropecuaria (RUNSA), entre otras disposiciones.
DENUNCIAS
La Fundación Tierra denunció que esta propuesta legislativa busca beneficiar a grandes propietarios de tierra y atenta contra la Reforma Agraria, la cual establece que el derecho a la propiedad de la tierra supone asumir la FES y la FS.
“La verificación de la FES, y la reversión del derecho propietario como consecuencia de su incumplimiento, es posiblemente la única herramienta que se tiene actualmente en la normativa agraria para intentar asegurar la equidad en el sistema de tenencia de la tierra en el país”, advierte la ONG boliviana, a través de un pronunciamiento institucional.
A ello se suma que el proyecto también busca “beneficiar a comunidades campesinas e interculturales asentadas en tierras fiscales con autorización del Estado”, las cuales están apuntadas por atentar contra “la pérdida de bosques por desmontes e incendios ilegales”.
Para la ONG boliviana, el planteamiento de eliminar las multas por quemas ilegales, fue introducida de “mala fe”.
Ante ello, la Fundación Tierra “denunció y rechazó” el proyecto de ley y demandó su cancelación o suspensión inmediata puesto que la iniciativa legal “pretende instrumentalizar el desastre ambiental a favor de grupos de poder agropecuario, comunidades asentadas en tierras fiscales y avasalladores de tierras”.
La institución también denunció “las intenciones de aprovecharse de la tragedia ambiental de los incendios forestales del 2024, por parte de grandes ganaderos y agropecuarios que poseen la tierra sin cumplir la FES, que tienen observaciones en el proceso de saneamiento, o que están implicados en los incendios registrados”.
Finalmente, instó a las autoridades agroambientales a transparentar los procesos sancionatorios por quemas.
AUTORES
De acuerdo al pronunciamiento institucional de la Fundación Tierra, este proyecto fue elaborado por la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) “con el justificativo de que fueron afectados por la ‘extrema sequía e incendios’ de 2024”.
Empero, la iniciativa legislativa fue presentada a la Cámara Alta el pasado 12 de diciembre de 2024 por las senadoras Centa Rek (Creemos), Neila Velarde (Comunidad Ciudadana), Claudia Égüez (Creemos) y el senador Walter Jesús Justiniano (Comunidad Ciudadana).