Este miércoles 26 vencía el plazo para que el alcalde Arias promulgue esa norma, pero recurrió al Ministerio Público aduciendo que los concejales «usurparon» sus atribuciones.
Foto: Infodiez
Fuente: eju.tv/con datos de AMUN
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GAMLP) presentó ante el Ministerio Público dos denuncias penales contra los concejales que aprobaron la Ley de Congelamiento de Tarifas, señalando que esa norma “usurpa funciones” del alcalde, Iván Arias, y por ser una resolución contraria a las leyes y a la Constitución Política del Estado (CPE).
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Este miércoles 26, el Ejecutivo municipal debía promulgar esa ley, de lo contrario lo haría el Concejo Municipal, antes de cumplirse dicho plazo, presentó las dos denuncias penales e hizo pública tal acción en conferencia de prensa que dio la directora Jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, autoridad que calificó como “inaudita” la referida ley.
“Esperemos que el Ministerio Público admita estas denuncias y podamos realmente sancionar a estas personas por la conducta ilegal que están teniendo en nuestro municipio”, sostuvo la directora de Asuntos Jurídicos de la comuna.
Morales precisó que el viernes 21 de este mes el Ejecutivo Edil mandó al Concejo las observaciones que tenía a esa norma, “Esta ley de congelamiento (de tarifas) no tiene ningún fundamento legal, es una ley totalmente irregular que ha usurpado las funciones del Alcalde en su contenido, tomando en cuenta que el único o la única autoridad en nuestro municipio que puede determinar y definir el alza o baja o mantener las tarifas del transporte público es el Alcalde Municipal”, reiteró.
Morales pidió a los concejales que revisen bien las observaciones realizadas, dado que están completamente fundamentadas con argumentos legales y técnicos. Asimismo, sostuvo que de forma paralela el Ejecutivo Edil presentó dos denuncias contra las personas que impulsaron esta norma.
El director de Regulación de la Movilidad, Luis Oliden, detalló que una de las observaciones, es que la estructura de costos para definir una tarifa se realiza en base a estudios técnicos, mismos que son de responsabilidad del Ejecutivo Edil.
“En el momento en el que el Concejo Municipal, aparte de usurpar funciones, pretende validar un estudio con una realidad económica diferente a la del 2025, sino con la del 2016, ya está contraviniendo la norma de manera ilegal”, puntualizó Oliden