La Direccion de Migración informó ayer que 20 extranjeros vinculados con la secta fueron expulsados del país y se abrió una investigación por tráfico de tierras y avasallamiento.
Luego de que desde hace días se exige al Gobierno central a que investigue el caso Kailasa, que tiene que ver con un supuesto “estado” que pretendía administrar territorios indígenas en Bolivia,, el vicepresidente David Choquehuanca, mediante un comunicado de prensa, negó que tenga relación alguna con “iniciativas” nacional e internacionales que estén vinculadas a la venta de bonos de carbono. Asimismo, pide que se investigue y sancione a los responsables.
“En referencia a las situaciones denunciadas de Kailasa, la Vicepresidencia exige a las instancias competentes procedan con una investigación completa sobre las actuaciones realizadas, cuyas prácticas podrían constituir vulneraciones al ordenamiento jurídico nacional y una amenaza directa contra los territorios indígenas y ecosistemas de nuestro territorio y castiguen de manera ejemplar a los responsables”, señala un comunicado de prensa de la Vicepresidencia.
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Asimismo, señala que ante declaraciones recientes de algunos políticos, que indicaron que Choquehuanca tiene vínculos con organizaciones relacionadas a mercados de carbono, eso sólo responde a “acusaciones falsas” e infundadas.
“Informamos que la Vicepresidencia no tiene relación alguna con iniciativas nacionales o internacionales vinculadas a la comercialización de bonos de carbono, y rechazamos contundentemente cualquier insinuación o afirmación sobre la recepción o negociación de recursos económicos provenientes de mercados de carbono por parte de esta institución, aclarando enfáticamente que todos los recursos económicos con los que opera la Vicepresidencia provienen exclusivamente del Tesoro General de la Nación (TGN)”, enfatiza.
La posición del Gobierno central se da luego de que el dirigente takana Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Chaco, Oriente y Amazonía (Cidob), liderada por Tomás Candia, también apuntó al vicepresidente en una entrevista con El Deber Radio. En el que dijo que Choquehuanca: “Tiene su propia fundación u ONG, que podría ser la vocera en la venta del carbono, asociado con otra organización extranjera (Leaf Coalition), para que ellos puedan ser los voceros oficiales”, arremetió.
El 14 de noviembre de 2024, luego de una apertura legal, el Gobierno de Bolivia anunció que vendería 5.000 millones de dólares en créditos de carbono. Esto se hizo con el objetivo de reducir la deforestación y detener la pérdida de bosques para 2030.
Al menos 20 extranjeros de la secta religiosa Kailasa fueron expulsados de Bolivia el fin de semana, debido a que pretendían asentarse en poblaciones indígenas de manera ilegal, principalmente en Beni, donde alquilaron 20 viviendas en el territorio Cayubaba, región habitada hace tres años. La directora General de Migración, Katherine Calderón, indicó que los convenios suscritos quedaron nulos por su ilegalidad.