Para la Procuraduría, los ocho sentenciados deben pagar $us 3.005.280 a favor del Estado y deben monetizarse sus bienes embargados, para la reparación el daño ocasionado
[/ Foto: El Potosí] / Imagen del caso
“Ya estamos en plena etapa de ejecución de la sentencia del caso Misiles Chinos, como Procuraduría no solo estamos exigiendo que se ejecutoríe el pago de más de 3 millones de dólares, sino también que se haga la ejecución de los bienes embargados de los sentenciados”, afirmó el procurador general, Ricardo Condori.
Para la Procuraduría, los ocho sentenciados deben pagar $us 3.005.280 a favor del Estado y deben monetizarse sus bienes embargados, para la reparación el daño ocasionado por la entrega del material bélico a Estados Unidos.
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Se tienen seis bienes embargados a los sentenciados. Por lo tanto, se desde la PGE se están tomando los recaudos para que el Tribunal ejecute y se consiga la reparación de los daños ocasionados.
En los antecedentes del caso se tiene que en octubre de 2005, un total de 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas (FFAA), fueron entregados irregularmente a la Embajada de Estados Unidos para su traslado al país del norte y su desactivación. El hecho ocurrió en el gobierno de transición del expresidente Eduardo Rodríguez.
Se activó un juicio y en noviembre de 2015, el coronel del Ejército Ciro Alejandro Valdivia fue sentenciado -en calidad de cómplice– a dos años de privación de libertad por los delitos de revelación de secretos, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
También corrieron la misma suerte el excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana; el exjefe de Estado Mayor, Marco Vázquez; exinspector general del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; y el coronel David Torrico.
Además, están el coronel Wilbert Sánchez; el exministro de Defensa Gonzalo Méndez, y el excomandante en jefe de las FFAA, almirante Marco Justiniano, quienes fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.
Fuente: UNITEL